Moyano advirtió al Gobierno: no se puede negar inflación

Hugo Moyano, Aníbal Fernández

«La única verdad es la realidad». Hugo Moyano recurrió al peronismo ortodoxo para lanzar un mensaje al Gobierno sobre uno de los mayores problemas económicos que enfrentan los Kirchner: la inflación. El titular de la CGT utilizó esa histórica frase del líder del movimiento que lo engloba, para afirmar que el alza de precios existe y no puede negarse, y que esta aceleración en la suba de precios será tenida en cuenta cuando comiencen formalmente las discusiones paritarias.

«Que los precios han aumentado, eso no lo puede negar nadie. Pero el problema es cómo se combate eso», reflexionó Moyano inmediatamente después de recordar al primer Perón y aclarando que la solución sería «ir actualizando los salarios en la medida que la inflación crezca».

La posición del gobierno fue reafirmada ayer por el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, que dijo que en el país «no hay un aumento generalizado de precios», y respecto de la suba del valor de la carne, indicó que «el productor está teniendo un precio en kilo vivo como no tuvo nunca». Al hablar luego de poner en funciones al nuevo titular del Banco Nación, Juan Carlos Fábrega, Fernández aclaró que «inflación es un aumento generalizado de precios, y no es lo que está sucediendo acá».

El reclamo moyanista complica la estrategia oficial de continuar negando que exista un alza estructural de precios, vinculando el problema a cuestiones sectoriales puntuales que, en poco tiempo más, serían solucionadas por la acción directa del secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno. La irrupción de Moyano molesta.

El Gobierno puede, y de hecho lo hace, monitorear y luego manipular los datos de la inflación que divulga mensualmente el INDEC. Sin embargo, sabe que hay dos reflejos de la economía y la política argentina que indican cuál es el nivel de alza de precios. Uno es la recaudación del IVA. El otro es el reclamo de Hugo Moyano sobre cuánto tiene que aumentar el salario de un trabajador argentino para que no pierda poder adquisitivo. El titular de la CGT toma como válidas, con el eufemismo de hablar de la «inflación de los supermercados», las cifras de los privados que afirman de aumentos de precios anualizados cercanos al 20%; lo que justificaría luego reclamos de incrementos salariales de hasta un 25%. (Ver pág. 9).

También la nueva conducción del Central reconoce, indirectamente, el problema. En el último informe sobre metas de inflación, reescrito del original que tenía el copyright de Martín Redrado eliminando las referencias directas a las alzas de precios y la falta de una política oficial para combatir las subas, el directorio habla de problemas de cuello de botella en la capacidad instalada. Para el Central, en su nueva versión, esta situación genera que las empresas de productos masivos estén trabajando al tope y necesiten financiamiento urgente para poder ampliar sus plantas. Así fabricarían más y habría más bienes para ofrecerle a la creciente demanda vía consumo que viene incrementándose sostenidamente desde hace tres meses. Esto, reconocen en el Gobierno, es lo que llevó a la recaudación a crecer entre noviembre y enero (con un diciembre espectacular), y que se reflejó en la recaudación del IVA. Si esta corriente de mayor demanda no se atiende de manera rápida con más producción, ejercerá una mayor presión inflacionaria.

La cuestión que más preocupa a los trabajadores es que son los alimentos los que encabezan la suba de precios en lo que va del año: principalmente la carne y la leche, con el 40 y el 30 por ciento, respectivamente. La medicina prepaga aumentó el 8 por ciento este mes con el aval del Gobierno y a partir de marzo llegaría el reajuste en la educación privada, los servicios, las expensas y no se descartan aumentos en el transporte público por la reducción de subsidios estatales a las empresas.

También habló ayer el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Arrechea, quien anunció que el reclamo salarial de los empleados públicos irá acorde «con el pico inflacionario importante que el país está sufriendo».

La cifra que el gremio analiza para cuando llegue la hora de sentarse a negociar las mejoras en los sueldos estatales, tanto para la Nación como para las provincias, es de un 25%, aunque ésta podría aumentar si el Gobierno no logra controlar los precios antes de las reuniones.

Fuentes de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) señalaron que el sector analiza recurrir a la mesa de diálogo con un pedido del 20 por ciento de suba salarial, pero aclararon que «cuanto más avanza la inflación, menos margen hay para concesiones».