Moyano pretende que exhorto suizo fue disparado desde la Argentina

Hugo Moyano ayer en el acto de la CGT contra el trabajo esclavo, en donde insistió, como en todas sus intervenciones públicas, en críticas a la prensa y a la Justicia por sus tribulaciones judiciales.

La polémica por un exhorto de Suiza que involucró a Hugo Moyano en una maniobra de presunto lavado de dinero disparó una pelea entre el camionero y la Corte Suprema. El máximo tribunal archivó ayer una denuncia que había presentado el jefe del sindicato de judiciales (UEJN), Julio Piumato, acerca de una supuesta campaña de la agencia de noticias del tribunal (CIJ, Centro de Información Judicial), por entender que «no existen razones jurídicas, procesales o institucionales que justifiquen una investigación».

En paralelo, la defensa de Moyano formalizó una presentación judicial por presunta «estafa procesal» relacionada con el origen del exhorto suizo. En el planteo, que presentó el abogado penalista y exjuez Daniel Llermanos, se expuso la sospecha de que el documento preparado por fiscales europeos fue presuntamente montado por un letrado vinculado al grupo Clarín junto con la exembajadora de Suiza en la Argentina Carla del Ponte, para perjudicar al camionero.

Con las presentaciones de Piumato y Llermanos se afirmó la línea impuesta por el jefe de la CGT de mantener en el terreno judicial la polémica que disparó el documento de Suiza, que refiere al bloqueo de una cuenta bancaria del dueño de la empresa de recolección Covelia, Ricardo Depresbíteris, y de un eventual vínculo con Moyano, como parte de una investigación en ese país por lavado de dinero.

Seis ministros de la Corte firmaron ayer el archivo de la presentación que había hecho Piumato en nombre de la UEJN. El sindicalista había pedido la apertura de una pesquisa para determinar los orígenes de lo según denunció fue «una vergonzosa operación política». El CIJ había publicado la semana pasada la parte del exhorto en la que se mencionaba al líder de la CGT y a su hijo mayor, Pablo Moyano.

Según Piumato, el tratamiento que había dado el sitio web a ese documento constituyó un hecho que «por su gravedad desnaturaliza absolutamente el rol que una agencia de información de la Justicia debe tener, tal como fuera ideada por la Corte».

Ayer mismo, Llermanos realizó una presentación ante el juez federal Norberto Oyarbide, receptor del exhorto suizo, para denunciar una posible «estafa procesal». El letrado señaló al abogado Hugo Wortman Jofré, presidente de la fundación Poder Ciudadano y a quien Llermanos sindica como cercano al del grupo Clarín, como presunto organizador de una maniobra junto con Carla del Ponte.

El propósito, según el escrito, era la apertura de una investigación por las sospechas en torno del dinero depositado por Depresbíteris y su eventual nexo con los Moyano. Llermanos también sostuvo que la supuesta campaña estuvo sostenida por numerosas notas periodísticas publicadas por Clarín en enero pasado, relacionadas con Covelia y con su propietario, así como en el diario Perfil.

Entre las medidas de prueba que le pidió a Oyarbide, el abogado planteó conocer las «fuentes periodísticas» invocadas en el exhorto. El escrito de los fiscales suizos menciona notas periodísticas que no fueron acompañadas en el documento, como reconoció el magistrado y el fiscal que intervino, Jorge Di Lello.

Sin embargo, Oyarbide resolvió la semana pasada devolver a Suiza la rogatoria pero sólo por errores formales, como publicó este diario, en particular la ausencia de tipificación de los delitos que supuestamente se investigan en torno a Moyano.

Aunque no lo incluyó en la presentación judicial, Llermanos dijo en Tribunales contar con información acerca de que «un intendente «del conurbano bonaerense pudo haber viajado a Suiza para acercar más datos a los fiscales de ese país y de ese modo alimentar el texto del exhorto».

«Desde aquí habría viajado a Suiza un funcionario, quizás un intendente, llevando información periodística preconfigurada para poner a las autoridades suizas en evidencia y preconducir la investigación», en días coincidentes con la publicación de artículos sobre Covelia, agregó Llermanos. El documento, para el letrado, «jamás debió llegar a las puertas de los tribunales», por entender que se trató de «una falta de respeto a la Justicia argentina».

Por la mañana, el abogado Gabriel Len, patrocinante de la firma de recolección de residuos, también se presentó ante Oyarbide para llevarle declaraciones juradas de la compañía ante la AFIP y documentación vinculada a sus ingresos desde que fue creada, en 1999, hasta la actualidad. En esa línea, alegó que el depósito de 1.870.000 dólares interdictado por la Justicia de Suiza en la cuenta de Depresbíteris y su mujer, la también directiva de Covelia Marcela Elvira Mete, es apenas «una ínfima parte» de los ingresos de la empresa.

Al mismo tiempo, y siempre en el plano judicial, hubo un nuevo capítulo de la pelea entre el líder de la CGT y la exministra de Salud Graciela Ocaña. La exfuncionaria amplió una denuncia contra el camionero ante el juez federal Claudio Bonadío por las propiedades que se le atribuyen. Mientras que Llermanos pidió a la Justicia que le asignara custodia a Ocaña (una oferta resbaladiza que mete más miedo que tranquilidad), y la ex ministra lo rechazó.