Moyano, en Salud, es “libremercado”

Por momentos, Hugo Moyano archiva su discurso de barricada y deja brotar su más puro -y secreto- libreto liberal. Muta, cuando su interés lo requiere, del férreo estatismo a apóstol del libre mercado, que delega todo al «sistema».

El Moyano que hizo lobby con Cristina de Kirchner para que el Gobierno destrabe un pago de 470 millones a empresas de transporte para que éstas paguen un aumento de sueldos a camioneros, ahora pide que el Estado se ausente de una discusión sectorial.

El camionero, que se para a los dos lados del mostrador en el negocio de la salud -la obra social de Camioneros es una de las más grandes del mercado y tiene varias clínicas y sanatorios- presiona para impedir que se conforme una mesa de concertación.

Ese ámbito, creado por la Ley 23.661, depende de la Superintendencia de Seguros de Salud (SSS), que preside Juan Rinaldi, y en sus funciones está convocar a los actores del sistema para acordar costos y cápitas.

Pero Rinaldi, esta vez on line con Moyano, no destraba el expediente para que la Comisión Permanente de Concertación -tal su nombre técnico- tome forma. Hay, incluso, un planteo legal iniciado de prestadores.

Una rareza no sólo ideológica -en el inédito perfil libremercado de Moyano- sino política en medio de la convocatoria, de la que participa el Gobierno, a múltiples instancias de diálogo, tanto político con los partidos, como el Consejo Económico y Social, del que participará la CGT.

Aparece, detrás, otro asunto. Sin acuerdo por nuevos aranceles -que los prestadores sostienen quedaron desactualizados-, se trabó la paritaria del gremio de Sanidad de Carlos West Ocampo.

Aunque pactó subas de entre el 21% y el 25% con droguerías, laboratorios y sanatorios de colectividades, todavía están pendientes los acuerdos con sanatorios, donde tienen participación las prepagas, las clínicas de diagnósticos sin internación y las mutualistas.

Ayer, una de las entidades que nuclea a sanatorios, ADECRA, planteó en una asamblea la imposibilidad de conceder un incremento salarial si no existe una actualización de los aranceles. Algo similar sostiene CADIME, que nuclea a prestadores de diagnóstico.

Con o sin intención, el bloqueo de Moyano y Rinaldi a que se conforme la comisión que discuta costos y aranceles complica a Sanidad de West Ocampo, uno de los dirigentes abiertamente enfrentados con el camionero en la CGT.

En paralelo, la SSS prefiere mantener bajo su control estricto la definición de nuevos valores en vez de someterlos al análisis del sector entre prestadores, prepagas, obras sociales y gremios.

Por otro lado, el reclamo de los prestadores -tanto de diagnóstico como clínicas y sanatorios- conjuga dos planteos: la voluntad, al menos teórica, de conceder «un justo aumento» con la imposibilidad de hacerlo y el marcado incremento de la recaudación de obras sociales y prepagas.

Según datos de la AFIP, los ingresos de las obras sociales -consecuencia de los incrementos salariales- fue del 34% en 2008 -pasó de 8.200 a 11.000 millones- y llegaría al 31% en 2009, con lo que ascendería a fin de este año a cerca de 15.000 millones.