Narcoavión: oposición apura investigación desde el Congreso

Nilda Garré

«El escándalo del narcoavión Challenger 604 secuestrado en Barcelona con 944 kilogramos de cocaína de máxima pureza, valuada en 30 millones de euros, sin duda alguna involucra, de manera directa o indirecta, a la Fuerza Aérea argentina y al Ministerio de Defensa».

Son palabras del diputado radical Julio Martínez, presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara baja, que no ocultó su enojo por las demoras del Gobierno en aclarar de una vez quién incumplió con los controles en el predio del aeródromo de Morón. La semana pasada el jefe militar de la base, comodoro Jorge Ayerdi, y el jefe civil, Ricardo Palazón, funcionario de la Administración Nacional de la Aviación Civil (ANAC), organismo que comparte las instalaciones con los militares, declararon en la Justicia y hubo señalamientos cruzados a la hora de determinar quién ejerce la seguridad. El juez en lo penal económico Alejandro Catania investiga el presunto contrabando de casi una tonelada de estupefacientes, cuyo punto de carga más probable, según la visión del magistrado, fue Morón.

Pedidos de informes

Al margen de la tarea de la Justicia, el legislador de la UCR junto con su colega del GEN (el espacio de Margarita Stolbizer) Fabián Peralta, titular de la Comisión de Prevención del Narcotráfico, elevaron sendos pedidos de informes al Poder Ejecutivo para que se aclare y defina el responsable político de la presunta superposición de funciones entre la Fuerza Aérea y la ANAC en el aeródromo del oeste bonaerense.

Sin nombrarla, Martínez apuntó a la entonces ministra de Defensa, Nilda Garré, impulsora del Decreto Nº 825/2009 de creación de la Base Aérea de Morón; esa norma no estableció con precisión las atribuciones entre las dos autoridades que de hecho comparten el predio de la pista. Durante su gestión en Defensa le tocó supervisar la transferencia hacia la órbita civil de la ANAC de todas las funciones que tenía la Fuerza Aérea en el control y habilitaciones del negocio aerocomercial. Garré, ahora zarina de Seguridad, reconoció en público la semana pasada las falencias: «es evidente que hay controles que se han relajado un poco», y lo atribuyó a «la superposición de diversos organismos en el control de los aeropuertos».

El diputado radical reclama conocer entre otros temas: qué jurisdicción administra el predio de Morón y cuáles son las normas que regulan dicha administración, bajo qué régimen estuvo alojada la nave, cuál es el procedimiento de control de acceso que se implementa, cuáles son las disposiciones y resoluciones que lo regulan y qué registros existen. Además, si se alojan regularmente aeronaves privadas, y pide saber cuántas, qué modelos, las matrículas de las mismas, a quiénes pertenecen y cuál es el régimen bajo el cual están hangaradas. Recordó Martínez que Defensa nunca dio respuesta a interrogantes de otros casos recientes: el robo de armas de guerra de la guarnición de Aeroparque y el de más de 30 mil cartuchos calibre 9 mm pertenecientes a la base El Palomar, «son hechos evidentes de las fallas en la seguridad de objetivos militares cuya reiteración pone en duda la conducción de la fuerza y el control político del ministerio».

El legislador Peralta manifestó: «Es muy probable que la droga se haya cargado en Morón, por lo que además de determinar complicidades en el aeródromo, debemos investigar dónde se produjo la cocaína, con qué precursores químicos, cuál era la estrategia de lavado de dinero, y desentrañar quiénes eran los integrantes de esta organización en cada una de sus instancias».