Negó Cristina fuero especial a ex militares

«Hay un escenario de fuerte retraso y demora en los juicios en materia de derechos humanos», sentenció Cristina de Kirchner en Casa América (España) sobre las causas argentinas.

Cristina de Kirchner reabrió ayer el debate sobre la creación de fueros especiales para juzgar las causas por crímenes de lesa humanidad, al afirmar que «la creación de un fuero especial sería lo que buscarían aquellos que persiguen invalidar los juicios en materia de derechos humanos» en el país. Si bien admitió «un escenario de fuerte retraso y demora en los juicios en materia de derechos humanos en la Argentina», aprovechó el tema para criticar los proyectos presentados por la oposición, que buscan acelerar los procesos.
Durante su visita a la Casa América (en el último día de su gira por España), la Presidente argumentó que crear un ámbito judicial especial para los crímenes de lesa humanidad violaría un principio esencial del derecho internacional, que es el del juez natural. En el Derecho, el juez natural es la garantía que posee toda persona a ser juzgada por un tribunal constituido con anterioridad a la ocurrencia del hecho delictual. En ese caso, según Cristina de Kirchner, los abogados de los acusados podrían «plantear la nulidad de las causas, inclusive plantearlas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación sin necesidad siquiera de recurrir a ningún juez internacional como pudiera ser la Corte Interamericana de Derechos Humanos».
En este marco, Kirchner aprovechó para meter en la misma bolsa el famoso «Camarón» (la Cámara Federal en lo Penal, creada en 1971 durante el mandato de Alejandro Agustín Lanusse para el juzgamiento de militantes de organizaciones armadas, que fue derogado por Héctor Cámpora) con el proyecto presentado por el radicalismo en 2007 (redactado por los juristas Ricardo Gil Lavedra y Andrés D'Alessio) en el Congreso, que buscaba acelerar las causas por crímenes de lesa humanidad, a través de una serie de modificaciones en el Código Procesal Penal.
Proyectos
«Se plantearon algunos proyectos formulados por la oposición, en los que se pretendía que las pruebas en un juicio pudieran valer en otro juicio, algo que es imposible, porque una de las claves que hace al derecho de defensa y del debido proceso es que cada acusado pueda controlar adecuadamente las pruebas por las cuales se fundamenta la acusación contra él», señaló la Presidente, uniendo así varios temas que en realidad funcionan por carriles diferentes. Incluso llegó a deslizar que las modificaciones propuestas podrían facilitar la liberación del acusado, al afirmar que «lo peor que podría pasar es crear instrumentos legislativos que precisamente permitieran a quienes están acusados y están siendo juzgados, el argumento para presentarse ante foros internacionales, alegando que se los saca del juez natural y de principios básicos del derecho penal occidental». De hecho, para la consejera y diputada oficialista, Diana Conti, el proyecto de Gil Lavedra y D'Alessio «de alguna manera crea un tipo de fuero especial que sería contraproducente para la situación jurídica actual».
Sin embargo, existen diferencias. Según el abogado penalista Gustavo Gené, la propuesta de crear instancias especiales para delitos particularmente complejos y/o de características especiales (como el terrorismo de Estado) «es una discusión eterna en la Justicia, que se planteó incluso como debate en casos de la dimensión de los juicios de Nüremberg».