Nicaragua: ven que el mundo omite reacción ante Ortega

Daniel Ortega

Mientras el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, visitaba nuestro país, en la capital venezolana eran arrestados su prefecto y mano derecha, Richard Blanco; su jefe de prensa, David Pérez Hansen, y cerca de 20 empleados de la municipalidad que protestaban por la usurpación del presupuesto y funciones del intendente.

En una situación análoga a la del alcalde de Caracas, que apeló a la OEA por el despojo de sus atribuciones, sede y fondos por el presidente venezolano, Hugo Chávez, se encuentran los opositores nicaragüenses al Gobierno presidido por el ex comandante sandinista Daniel Ortega, que se indignan ante la disposición de ciertos organismos internacionales y gobiernos extranjeros a tratar con lo que consideran el Gobierno de facto de la alcaldía de Managua.

En noviembre de 2008 hubo elecciones municipales en Nicaragua que fueron denunciadas por fraudulentas. La Unión Europea tomó entonces la decisión de suspender la ayuda que anualmente otorga a ese país en concepto de cooperación al desarrollo, unos 100 millones de euros.

Sin embargo, ahora la UE se apresta a revisar esa decisión a cambio de promesas formuladas por las autoridades nicaragüenses de que, en los próximos comicios, aceptarán la presencia de observadores internacionales. Entretanto, las principales ciudades nicaragüenses -Managua, León, Masaya, Chinandega, etc.- siguen en manos de autoridades ilegítimas.

Esto incrementa el malestar en sectores de la oposición nicaragüense -de izquierda y de derecha- ante lo que consideran un recurso, por parte de organismos internacionales y gobiernos extranjeros, a diferentes varas a la hora de medir los agravios constitucionales cometidos por gobiernos de la región.

Disidentes del Frente Sandinista de Liberación Nacional, la Coordinadora Civil (que agrupa a unas 500 ONG) y el Partido Liberal Constitucionalista pidieron a la UE que por lo menos exija garantías de «respeto a la gobernabilidad democrática» por parte de Ortega antes de reanudar la ayuda.

Lo que indignó a la oposición nicaragüense es el contraste entre la tolerancia ante las continuas arremetidas de Ortega contra la legalidad democrática y las sanciones y el repudio inmediato al Gobierno de facto que preside Roberto Micheletti en Honduras desde el derrocamiento de Manuel Zelaya. El Gobierno español cortó de inmediato la ayuda financiera a entidades estatales de Honduras, pero se dispone a invertir una cuantiosa suma en viviendas en barrios de Managua.

Un durísimo editorial del principal diario nicaragüense, La Prensa, habló de «diplomacia de doble estándar» y criticó al canciller de España, Miguel Ángel Moratinos, porque «por un lado, declaró que su país no reconocerá las elecciones que se realicen en Honduras» bajo el Gobierno de Micheletti.

Según la Cláusula Democrática de la UE para sus acuerdos de asociación y cooperación económica, las partes deben respetar estrictamente «los principios democráticos y los derechos humanos fundamentales, tal como se enuncian en la Declaración Universal de los Derechos Humanos», entre otros requisitos.

Lo mismo vale para la Cláusula Democrática de la Carta Interamericana de la OEA. Esos preceptos han sido claramente violadas, no sólo en Honduras, sino también en Venezuela y en Nicaragua. Por no mencionar a Cuba, país que acaba de recibir una indulgencia plenaria de la OEA.