No hay costo para Capital o provincia si les transfieren Edenor y Edesur

El traspaso de Edenor y Edesur a Capital Federal y provincia de Buenos Aires no tiene costo para esas jurisdicciones. No es el caso de AySA, que todavía recibe partidas del Estado nacional para obras, fundamentalmente cloacas en el conurbano.

En el debate por las tarifas, por mala intención o por desinformación, vienen surgiendo equívocos que confunden. Edenor y Edesur dependen hasta ahora del Estado nacional y son controladas por el ENRE, que es un organismo regulador de carácter nacional que controla el transporte en todo el país y sólo a esas dos distribuidoras.

El traspaso a jurisdicción provincial puede derivar con el tiempo en distintos criterios para una misma empresa por su operación en Capital o en el Gran Buenos Aires. Pero no le ahorra costos al Estado nacional porque las dos firmas tienen autorizada una revisión tarifaria integral que les asegura ingresos hasta 2021.

En el supuesto caso de que el esquema tarifario aprobado no se cumpliera por razones políticas, los gobiernos locales deberán renegociar la forma en que Edenor y Edesur tendrán que ser compensadas para no alterar el contrato firmado, ya sea mediante el traslado futuro a los usuarios con un mecanismo de actualización que de hecho ya también está escrito, o hipotéticamente con recursos de la ciudad y de la provincia.

Pero también hay que decir que Edenor y Edesur no estuvieron exactamente subsidiadas por el Estado nacional cuando hubo retraso de tarifas durante la administración anterior. Lo que había eran préstamos de Cammesa, la empresa controlada por el Estado que opera el despacho eléctrico, que debían devolverse al momento de la revisión tarifaria integral.

Ocurrió después que el actual Gobierno condonó esas deudas con Cammesa, y no hizo un cálculo, en forma pública por lo menos, de lo que se había otorgado a Edenor y Edesur mediante créditos de esa entidad, cuánto se destinó a obras, y qué pasó con otros ingresos extraordinarios que tuvieron esas compañías, como los castigos a los usuarios por mayor consumo que se cobraban a cuenta del Estado, pero nunca se transfirieron.

A fecha actual esa discusión ya parece saldada igual que las multas por calidad del servicio que las dos distribuidoras debían pagar por el período 2002- 2015, y que no pagaron también a cuenta de la revisión tarifaria integral. Esa deuda ya no aparece en los balances de 2017 que dan ganancias en los dos casos.

En estas condiciones, el traspaso no implica gasto para la Ciudad o para Buenos Aires, aunque es posible que esos gobiernos se vean más afectados políticamente que hasta ahora por los cortes de luz.

Detrás de este presunto debate, sigue flotando el concepto de que las tarifas eléctricas son más caras en el interior que en el área metropolitana. Donde eso realmente ocurrió, o siga siendo así al día de hoy, es por los márgenes que perciben las distribuidoras provinciales, fijados por cada jurisdicción, o por los gravámenes locales, porque el precio mayorista de la energía siempre, con el Gobierno actual y con el anterior, es uniforme en todo el país.

Considerando que ya actualmente Edenor y Edesur tienen ingresos suficientes para hacer obras y obtener ganancias, las diferencias con las distribuidoras provinciales sólo debería explicarse por el hecho económico de que no tiene el mismo costo suministrar un servicio para una gran población altamente concentrada que para una pequeña y con los usuarios dispersos.

En el medio de la acalorada discusión política de estos días, legisladores oficialistas dijeron que la ley de tarifas de la oposición obligaba a las provincias a devolver dinero a los usuarios. Pero esa ley ya vetada no entraba en las jurisdicciones provinciales porque el Congreso no puede hacerlo. Lo que la ley obligaba a retrotraer era el precio mayorista de la energía que recauda Cammesa, y era ésta la que debía reintegrar a las provincias antes de que éstas hicieran la devolución a sus usuarios.

Eso sí: la ley obligaba a devolver plata a Edenor y Edesur porque son de jurisdicción nacional, lo que hubiera reflotado la asimetría entre lo que se paga en el interior y en el AMBA, al modo de lo que ocurrió cuando el Gobierno anterior no permitía actualizar tarifas a esas distribuidoras y las provincias aplicaron sus propios criterios.

S. P.