Nubarrones sobre la Mesa de Enlace

A poco de cumplir un año de vida, la Mesa de Enlace sufre una crisis interna y, por contradictorio que parezca, debe el mantenimiento de su frágil unidad al Gobierno y su estrategia de constante hostigamiento hacia el sector. Durante los últimos días han surgidos nuevos datos que develan este debilitamiento de la sociedad entre entidades rurales.
En estas semanas se observó con claridad el avance de los gobernadores (Jorge Capitanich, José Luis Gioja y Juan Schiaretti, entre otros) y luego del Gobierno nacional, para aplicar y controlar la asistencia a productores afectados por la sequía. Se activó una suerte de «paraguas protector» del Estado para llegar directamente a tamberos, agricultores y ganaderos, sin mediación de la dirigencia rural. Mientras tanto, el tema que queda fuera de agenda sigue siendo las retenciones a la soja.
De todos modos, la intervención del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, derivó hacia la polémica a este sistema de reparto de forraje. Aun así, con el reparto por medio de los intendentes, el Gobierno entiende que gana un round a la Mesa de Enlace.
A nivel político, los ruralistas tienen varias grietas. Sólo hace falta tomar en cuenta las figuras y los sellos con los cuales se asocian en la recta hacia las legislativas de octubre. El ex titular de la Sociedad Rural, Luciano Miguens, coquetea con el PRO de Mauricio Macri; el presidente de CRA, Mario Llambías, con la Coalición Cívica; y Jorge Srodek, de CARBAP, se mantiene cerca de Ricardo López Murphy. El presidente de la FAA, Eduardo Buzzi, aún mantiene la incógnita, pero su ambigüedad lo sostiene ahora próximo al socialista gobernador de Santa Fe, Hermes Binner. En todos los casos, los ruralistas prometieron develar la incógnita en marzo. Vale recordar que Alfredo de Angeli, quien ya rechazó ofrecimientos de Macri y Elisa Carrió, fue uno de los primeros en reclamar la formación de un «bloque del campo». Buzzi, en cambio, se apuró entonces a oponerse a tal iniciativa. El abrazo de este dirigente con el diputado kirchnerista Agustín Rossi, en plena batalla legislativa por las retenciones, también puede citarse como un gesto que exaltó los ánimos entre la dirigencia ruralista.
En el plano legislativo, también se pudo verificar la distancia que separa a la FAA de CRA y Sociedad Rural. A principios de diciembre pasado, la entidad dirigida por Buzzi presentó su propio proyecto en el Congreso, el cual no contó con apoyo de las otras fuerzas rurales. La diferencia es comprensible: la FAA propone, entre otros puntos, segmentar y limitar las retenciones, así como un nuevo sistema para prolongar los contratos de arrendamiento. CRA y SRA aspiran a una reducción o eliminación general de las retenciones -sin importar el tamaño del productor- y no acuerdan con arrendamientos de larga duración, que reducen el negocio de los propietarios.
La modificación del sistema de cartas de porte establecido el lunes por el Gobierno también deja ver diferencias entre los ruralistas. La medida oficial, que hace gratuito el trámite, quitó a la FAA cerca del 50% de su financiamiento (unos $ 7 millones anuales), y Buzzi no dudó en hablar de «persecución política» y «castigo» del Gobierno. El resto de las entidades no parece dispuesto a dar esta pelea junto a su socia. De todos modos, se solidarizaron y hasta lanzaron acusaciones hacia Hugo Moyano como supuesto beneficiario de los cambios, merced a su vínculo con la Secretaría de Transporte, que ahora fiscalizará las cargas del agro.
La presión del Gobierno también complica a las entidades hacia el interior. Coninagro es la más incómoda en este sentido, ya que reúne a industrias que temen ganarse el enojo del Ejecutivo. Sancor es el caso más palpable: si bien negó recibir presiones, decidió alejarse de Coninagro en julio de este año. En pleno conflicto, el titular de esta entidad fue Fernando Gioino, directivo de la empresa láctea con sede en Santa Fe. Una remanida frase que suelen usar dirigentes rurales es que «no los une el amor, sino el espanto». Así justifican la integración de sectores tan disímiles como los pequeños productores de la Federación Agraria, el cooperativismo (Coninagro), CRA y Sociedad Rural. Este «espanto» es hoy la reacción contra el Gobierno y sus políticas de «corto alcance» y «chicanas», en palabras de los ruralistas. Sólo falta acuerdo en el cuándo -principios de febrero o de marzo- y el cómo
-paro, cortes de ruta, bloqueos, actos, etc.-, pero está confirmado que, con la tutela orgánica de la Mesa de Enlace, se lanzarán amplias medidas de fuerza en reclamo de políticas de fondo para el sector.
De este punto hacia atrás, es poca la coincidencia que puede hallarse entre las entidades rurales. Salvo cuestiones históricas, como es el propio origen de la Federación Agraria (El Grito de Alcorta: un levantamiento de campesinos en 1912, en contra la explotación de los terratenientes), hoy existen factores políticos, económicos y hasta de índole legal que resquebrajan a la Mesa de Enlace.
Estas diferencias fueron motivo a fin del año pasado para que muchos pensaran en una posible disolución. De hecho, si se encuentran en un segundo plano, es merced al empecinamiento oficial en desoír los reclamos más básicos que genera el campo. Como muchos frentes políticos, las cuatro entidades unidas encuentran mayor sentido a su lucha cuando enfrentan a un enemigo común. Sólo hace falta recordar que su momento de mayor poder fue durante la lucha contra las retenciones móviles, en el debate y la caída de la Resolución 125.