¿Nueva reestructuración por RUFO?

Todo el mundo se apasiona con el actual conflicto con la deuda argentina y sus posibles derivaciones. Es un tema que es y será estudiado por mucho tiempo en las universidades, las entidades financieras y los gobiernos por sus características novedosas. La cuestión abre un amplio abanico de alternativas riesgosas. Los contratos de emisión de bonos soberanos contienen cláusulas para asegurar que todos los bonos serán tratados igualmente. En salvaguarda, establecen condiciones de aceleración de pagos, default cruzado, etc. en caso del impago de una serie de los bonos emitidos.

El juez Thomas Griesa sentenció, en noviembre 2012, que el tratamiento igualitario, comprometido en los contratos de emisión de los bonos, exige que la república pague totalmente la deuda con los fondos demandantes, Elliott y otros, cuando satisfaga sus obligaciones con los bonos reestructurados. En tanto, declara ilegal que la república -o el BoNYM- pague a estos últimos. La Corte de Apelaciones confirmó el fallo y la Corte Suprema no tomó el caso. La sentencia está firme.

La situación resultante de los fallos del juez parecería absurda. El Gobierno depositó puntualmente los fondos correspondientes al vencimiento, el pasado 30 de junio, y está honrando la mayoría de sus compromisos financieros. Pero la sentencia impide que los bonistas reestructurados, el 93% del monto defaulteado en 2002, se hagan de los fondos y cobren. Éste es el primer registro en el mundo de un default significativo consecuencia de una orden judicial.

Palos porque bogas, palos porque no bogas. El Gobierno se ha negado a acatar la sentencia por diversas consideraciones políticas, morales y de riesgo. Los funcionarios temen que pagar dispare la cláusula RUFO, que garantiza que cualquier mejor oferta del Gobierno a los holdouts sea también aplicada a los bonos canjeados en 2005 y 2010. Temen que, en ese caso, la deuda se eleve por encima de los 100.000 millones de dólares. Y hasta 500.000 millones, según algunas estimaciones. No obstante, existen sólidos argumentos de que un arreglo bien estructurado con los demandantes no dispararía la RUFO. Pues, por resultar de una sentencia judicial, no sería un ofrecimiento voluntario. Sin embargo, el riesgo existiría pues la RUFO nunca fue interpretada por una corte de Nueva York.

No pagar también es muy riesgoso. El 25% de los bonistas de cualquier serie podría pedir la aceleración de los pagos (declarar de pago vencido a la deuda). Gestión que se cancelaría pagando o por desistimiento del 50% de los bonistas de la serie. Por las cláusulas cruzadas de default, incluso el 25% de series que cobraron puntualmente también podría "acelerar" los cobros. Los incentivos para exigir la aceleración dependen del tipo de bono y otras condiciones. Finalmente, un riesgo bien concreto es el posible deterioro de la economía por las derivaciones del no cumplimiento de la sentencia.

El Gobierno enfrenta riesgos importantes. Pagar tendría riesgos potenciales. No pagar resulta en costos reales, por el deterioro de la coyuntura, y las chances de disparar pedidos de aceleración de cobro de los bonos reestructurados. El Poder Ejecutivo debiera llevar el tema al Congreso, quien tiene la responsabilidad constitucional de arreglar el pago de la deuda de la Nación, art. 75, inc. 7.

Campo minado. De dispararse la RUFO en cualquier caso particular, todos los demás bonistas reestructurados la podrían obtener y la deuda se multiplicaría varias veces. De efectivizarse aceleraciones de algunas series, todos solicitarían lo mismo, pujando por obtener algo ante una situación de una explosión del monto adeudado cuando las reservas internacionales y los recursos no son expandibles. En estas condiciones, los demandantes, Elliott y otros, seguramente aceptarían negociar el monto y la forma de pago, considerando que el cobro final depende de la decisión argentina.

Hay que tener mucho cuidado. Los errores en estas decisiones multiplicarían el monto de lo adeudado por la república hasta niveles insostenibles. El remedio sería una nueva reestructuración de la deuda.