Nuevas reglas para investigar a uniformados

Esteban Righi

El procurador general de la Nación, Esteban Righi, aprobó un protocolo de actuación para los fiscales federales que intervengan en causas de lesiones y homicidios cometidos por integrantes de las fuerzas de seguridad. Entre sus puntos más importantes, el reglamento establece que en caso de sospechar una posible vinculación de un oficial con alguno de estos delitos, se debe designar a otra fuerza de seguridad para que intervenga en el caso.

En la resolución firmada por el procurador se resalta que en casos de severidades, vejaciones, apremios ilegales y torturas en los que no pueda descartarse «una eventual responsabilidad de miembros pertenecientes a la fuerza de seguridad encargada de las pesquisas» se instruye que los fiscales «dispongan o soliciten su apartamiento de la investigación». También se indica a los integrantes del Ministerio Público Fiscal que «designen o soliciten la designación de otra fuerza que reúna las condiciones de imparcialidad e idoneidad requerida para la tarea».

El protocolo, además, enfatiza que en estas investigaciones se debe adoptar la mayor celeridad posible para identificar a las víctimas y que los miembros de las fuerzas de seguridad posiblemente involucrados en estos casos están obligados a justificar su accionar, cuyo análisis quedará en manos de los fiscales. Otro de los aspectos que se resaltan es la búsqueda de probables delitos vinculados con la pesquisa, que podrían dar explicaciones sobre el accionar de los oficiales sospechados.

El trabajo fue realizado por la Fiscalía General de Política Criminal, a cargo de Mary Beloff, y, según se señala en la resolución del procurador, tuvo como guías principales las directrices de Naciones Unidas sobre la función de los fiscales y la sentencia «Bayarri vs. Argentina», de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se vinculan con este tema.

Además de los aspectos mencionados, el protocolo plantea ciertos parámetros sobre la actuación de los fiscales relacionada con las medidas de prueba -en ellos se hace hincapié sobre el relevamiento de signos de tortura o agresiones, así como se da especial atención a la búsqueda de imágenes de cámaras de seguridad y medios de comunicación- y las precauciones especiales a considerar en los interrogatorios de las víctimas.

El protocolo realizado por la Fiscalía General de Política Criminal amplía los lineamientos que el Ministerio Público Fiscal ya había establecido respecto de este tipo de casos. En marzo pasado, Righi firmó una la instrucción general dirigida a los fiscales para que, en los casos en que se investigue la presunta comisión de un delito en el que no pueda descartarse la responsabilidad de los agentes de la fuerza de seguridad encargada de realizar las pesquisas, se disponga su apartamiento de la investigación.

La decisión de Righi busca darle cauce formal a las medidas vinculadas con el apartamiento de las fuerzas de seguridad en casos donde está sospechada su intervención, como se hizo con el desplazamiento de la Policía Federal en la pesquisa por el asesinato de Mariano Ferreyra e incluso, años atrás, en la investigación por los homicidios de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán.