Washington - El presidente de EE.UU., Barack Obama, abrió ayer la puerta a posibles imputaciones de altos funcionarios del Gobierno de George W. Bush que autorizaron el uso de técnicas de interrogatorio consideradas tortura contra sospechosos de terrorismo.
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Obama, que revirtió en los primeros días de su gestión esa situación, reiteró a la prensa su oposición a que se abra un proceso judicial contra los agentes de la CIA que aplicaron esas técnicas a los detenidos, pero dejó en manos del fiscal general (secretario de Justicia), Eric Holder, la decisión sobre un posible enjuiciamiento de aquellos que autorizaron con argumentos jurídicos prácticas como la asfixia simulada.
El mandatario estadounidense reiteró que no cree que «sea apropiado» que se enjuicie a aquellos que ejecutaron los interrogatorios coercitivos dentro del marco legal facilitado por los asesores jurídicos de la Casa Blanca.
«Con respecto a aquellos que formularon esas decisiones jurídicas, diría que eso será más una decisión del fiscal general dentro de los límites de varias leyes y no quiero emitir un juicio anticipado sobre esto», declaró a la prensa tras reunirse con el rey Abdalá II de Jordania.
Con todo, no se mostró muy entusiasmado con la posibilidad, ya que afirmó que, en general, cree que se debe «mirar hacia delante y no hacia atrás».
Por otra parte, se mostró «preocupado» por la politización que se está haciendo de la desclasificación de documentos en los que se autorizaba emplear la tortura contra detenidos mediante métodos que incluían el uso de insectos en cajas en las que se introducía a los interrogados, la privación del sueño, la asfixia simulada y el estampar al sospechoso contra paredes.
«Me preocupa que esto llegue a estar tan politizado que no podamos funcionar eficazmente y que dificulte nuestra capacidad de llevar a cabo operaciones de seguridad nacional críticas», dijo.
El presidente aludió al debate que ha creado la publicación del pasado jueves de varios documentos que detallan cómo el anterior Gobierno republicano dio luz verde a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para poner en práctica técnicas de interrogatorio consideradas tortura. Por ello, señaló que si se decide abrir un proceso de investigación para que los responsables de estos documentos rindan cuenta de sus actos, entonces el Congreso debe hacerlo de manera «bipartidaria».
«Eso sería probablemente una manera más sensible de abordar» este asunto tan polémico, afirmó Obama, quien es presionado por el ala izquierda de su Partido Demócrata para tomar cartas en el asunto. De cualquier modo, es consciente de que es poco probable que el Partido Republicano se sume a esa posibilidad.
La decisión de sacar esos documentos a la luz ha sido objeto de controversia y duramente criticada por el ex director de la CIA Michael Hayden y el ex vicepresidente Dick Cheney.
Los que se oponen a la desclasificación de este tipo de documentos acusan a Obama de comprometer la seguridad nacional y de revelar a los enemigos valiosa información sobre los interrogatorios a los detenidos sospechosos de terrorismo.
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