Obama invoca más secretos

Hubo decepción entre las asociaciones de defensa de los derechos humanos de Estados Unidos esta semana, al constatarse que el nuevo Gobierno estadounidense, en línea con el anterior, ha optado por negarles a los sospechosos de terrorismo, que pasaron por cárceles secretas de la CIA, el derecho a presentar demandas judiciales, argumentando que, en procesos de ese tipo, podrían revelarse «secretos de Estado» y verse comprometida la seguridad nacional.
La decisión del flamante secretario de Justicia y fiscal general de los Estados Unidos, Eric Holder, de invocar el «secreto de Estado» y la «seguridad nacional» para frenar las demandas de víctimas de las «entregas extraordinarias» (mecanismo por el cual agencias de seguridad han enviado a personas que no podían ser legalmente arrestadas en EE.UU. a terceros países donde en muchos casos sufrieron tratamientos inhumanos) se dio en el marco de la apelación ante un tribunal de San Francisco presentada por Binyan Mohamed, un etíope, secuestrado por la CIA y torturado en una cárcel de Marruecos. En el banquillo no están sólo los servicios de inteligencia, sino también la empresa Jeppesen Dataplan, subsidiaria de la compañía aérea Boeing, responsable de la operación de los vuelos en los que eran trasladados estos sospechosos.
«El Departamento de Justicia dijo que continuaría con la política de Bush de invocar secretos de Estado para ocultar reprensibles antecedentes de tortura, entregas y las más dolorosas violaciones de derechos humanos cometidas por el Gobierno», señaló el director ejecutivo de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés), Anthony Romero.
Esa distancia entre las promesas de campaña y las primeras decisiones ejecutivas se tradujo en papelón en el caso de León Panetta, nominado por Obama como director de la CIA. En su audiencia de confirmación ante el Senado, el 5 de febrero pasado, Panetta afirmó categóricamente que la nueva administración pondría fin a las «entregas extraordinarias», ignorando que su presidente ya había firmado decretos dando continuidad a esa práctica. Un día después, ante el mismo auditorio, tuvo que dar marcha atrás, y con igual énfasis negó que, en el pasado, su país hubiera trasladado prisioneros con fines de tortura. El abogado de la ACLU, Ben Wizner, patrocinante de Mohamed, se declaró «apabullado».
Otro dato relativiza la promesa de ruptura con la administración anterior en materia de lucha contra el terrorismo: mirando la letra chica de los decretos firmados por Barack Obama en los primeros días de su mandato, hasta cabe dudar de que se haya puesto realmente fin a las cárceles secretas, como se informó inicialmente. En efecto, la orden presidencial aclara que: «Los términos 'detentions facilities' (centros de detención) en la sección 4(a) de esta orden no se refieren a las instalaciones usadas sólo para retener a personas por corto plazo, en condiciones transitorias».