7 de julio 2010 - 00:00

Obama lleva a juicio ley racista de Arizona

Washington - El Gobierno de EE.UU. demandó ayer al estado de Arizona por su nueva ley antiinmigrante, que permite a la Policía detener a personas bajo sospecha de estar indocumentadas, indagadas simplemente por su apariencia, y pidió al juez que suspenda de forma preliminar su entrada en vigor.

La acción legal se añade a otras cinco demandas ya presentadas por particulares y organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes, que intentan acabar con una ley que volvió a colocar el tema migratorio en el centro del debate político en el país.

El argumento principal esbozado por el departamento de Justicia es que la norma, que entraría en vigor el 29 de julio, viola la Constitución estadounidense ya que con ella Arizona se adjudicó competencias en materia de inmigración que corresponden al Gobierno federal. «La Constitución y la ley federal no permiten el desarrollo de una mezcla de políticas estatales y locales de inmigración por todo el país», afirma la demanda.

El Gobierno alertó, asimismo, que la ley resultará en el «acoso y la detención de visitantes extranjeros, inmigrantes legales y ciudadanos estadounidenses que no puedan demostrar inmediatamente su situación legal».

Además, lo obligará a dedicar más recursos a procesar a las personas arrestadas por la Policía de Arizona bajo sospecha de estar indocumentadas, argumentó. Eso desviará la atención de la lucha contra el terrorismo, las drogas y las pandillas, lo que perjudicará «la seguridad de todo el país», destacó el fiscal general, Eric Holder.

Los dos senadores republicanos de ese estado, Jon Kyl y John McCain, este último el rival del presidente Barack Obama en las elecciones de 2008, criticaron la decisión del Departamento de Justicia en un comunicado conjunto. «La administración de Obama no hizo todo lo que puede para proteger a los ciudadanos de Arizona de la violencia y el crimen que la inmigración ilegal provocan en nuestro estado», dijeron los dos legisladores.

«Hasta que no lo haga, el Gobierno federal no debería demandar a Arizona con el argumento de que la aplicación de las leyes de inmigración son sólo una responsabilidad federal», añadieron.

Agencias EFE y Reuters

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