Obispos van al Senado y reclaman a bicameral frenar nuevos códigos

Ricardo Lorenzetti

El Episcopado de José María Arancedo redobló su embestida contra los nuevos códigos Civil y Comercial: emitió un crítico documento donde exhorta a los legisladores a votar de acuerdo con su conciencia, más allá de las pertenencias partidarias, y además desembarcará hoy en el Senado de la Nación para exponer su rechazo en una audiencia pública.

A primera hora de la mañana de ayer, voceros del Episcopado confirmaron que Arancedo se había anotado en la lista de oradores para exponer ante la comisión bicameral que analiza las reformas enviadas por el Poder Ejecutivo. Y por la tarde, se difundió el documento «El Código Civil y nuestro estilo de vida» donde reclaman extender las audiencias públicas concentradas en el Congreso a todas las provincias. Arancedo expondrá esta tarde en el Salón Azul del Senado a las 17.30. Ayer, en el cierre de la 162ª reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, el arzobispo de Santa Fe reiteró que «vemos que en la reforma, los derechos de los adultos están por encima de los derechos de los chicos».

En el pasado mes de abril, la Iglesia Católica ya había lanzado una crítica al proyecto de reforma, al considerar que «no caben urgencias en temas de tanta trascendencia» y tampoco cuando «comprometen el ordenamiento jurídico de la sociedad». El documento presentado ayer, que Arancedo entregará hoy a los legisladores nacionales encargados de dictaminar sobre la reforma, es aún más incisivo y de contenido político.

«Hacemos un particular llamado a los legisladores para que asuman en plenitud sus responsabilidades, estudien a fondo las reformas propuestas, sean fieles a la herencia y a las tradiciones patrias y estén abiertos a escuchar todas las voces que tienen algo que decir al respecto. Y finalmente, que no dejen de escuchar a la voz de su conciencia, evitando que las legítimas pertenencias partidarias los lleven a votar en contra o al margen de aquélla», señalaron los prelados.

El documento también advierte al Congreso que «es seguramente la reforma legislativa más importante de las últimas décadas», por lo que solicitaron que a la discusión «se le otorgue todo el tiempo que sea necesario» y se realicen «audiencias públicas en cada provincia».

«Si se aprueba sin modificaciones este proyecto, algunos seres humanos en gestación no tendrán derecho a ser llamados personas. La maternidad y la paternidad quedarán desfiguradas con la denominada voluntad procreacional; se legitimará, por un lado, la promoción del alquiler de vientres que cosifica a la mujer y por otro, el congelar embriones humanos por tiempo indeterminado, pudiendo ser éstos descartados o utilizados con fines comerciales y de investigación», se quejaron los obispos.

Se advirtió además que con este proyecto «se discriminará, en su derecho a la identidad, a quienes sean concebidos por fecundación artificial, porque no podrán conocer quién es su madre o su padre biológico», mientras que los cónyuges que se unan en matrimonio «no tendrán obligación jurídica de fidelidad ni tampoco de convivir bajo un mismo techo», por lo que «los lazos afectivos matrimoniales quedarán debilitados y desvalorizados».

«Queremos una sociedad en la cual se fomenten los vínculos estables y se dé prioridad a la protección de los niños y de los más indefensos. Los deseos de los adultos, aunque parezcan legítimos, no pueden imponerse a los derechos esenciales de los niños. Es necesario que reconozcamos y demos protección jurídica a toda vida humana desde la concepción, y que recordemos que no todo lo científicamente posible es éticamente aceptable», advirtieron los obispos.

La reforma, presentada por Cristina de Kirchner y el titular de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, contempla la posibilidad de que una mujer acuda a un procedimiento de fertilización asistida, así como el alquiler de vientre para aquellas mujeres que no puedan concebir. También apunta a que se realicen distinciones de sexo a los efectos de definir quienes pueden unirse en matrimonio y se busca simplificar los trámites de divorcio, al punto de que bastará la voluntad de uno solo de los cónyuges, sin necesidad de que exista acuerdo para concretar la separación.