Obras sociales: subsidios sólo para cumplidores

El Gobierno prometió aumentar los controles sobre las obras sociales a cambio de la inyección millonaria de subsidios que anunció esta semana. En particular, exigirá el cumplimiento de la atención de los afiliados monotributistas, un sector que las prestadoras de los gremios suele menospreciar, de acuerdo a los funcionarios, por representar un ingreso menor que el que aportan sus asociados provenientes de las actividades ligadas al sindicato.

El aviso corrió por cuenta de la superintendente de Servicios de Salud, Liliana Korenfeld. La funcionaria advirtió que ante el primer caso de un monotributista rechazado por una obra social, la prestadora perderá su parte de los subsidios creados esta semana. Comentó que "el 60% de los reclamos ingresados a la Superintendencia" tienen que ver con obstáculos planteados por las prestadoras a ese tipo de afiliados.

El Gobierno puso este miércoles en marcha el "Sumarte", un complemento de los aportes de monotributistas sociales, empleados del servicio doméstico y personal rural que representará para las obras sociales un monto global de $ 890 millones en los próximos doce meses.

La funcionaria encabezó ayer un acto en la Sindicatura General de la Nación (Sigen) con presidentes de la mayoría de las 200 obras sociales sindicales y varios dirigentes de la CGT oficialista, como su secretario general, Antonio Caló, y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Omar Viviani (taxistas), Armando Cavalieri (Comercio) y Jorge Lobais (textiles), entre otros.

Tras el acto, en una charla con periodistas, negó la existencia de una subejecución en los reintegros a las obras sociales por prestaciones médicas complejas, como señalan con frecuencia sindicalistas e incluso en la propia Superintendencia. Contó que en lo que va del año fue pagado el 75% de los $ 1.310 millones presupuestados para este año por ese ítem.

Caló, por su parte, valoró la creación del Sumarte y del "SUMA 70" (un nuevo fondo para complementar los aportes de jubilados que permanecen en sus obras sociales después de los 70 años) y el incremento en el Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA), que en conjunto representarán en los próximos doce meses $ 1.900 millones más para las obras sociales. "Pero vamos por más", avisó el metalúrgico.

El gremialista se diferenció implícitamente de Hugo Moyano al afirmar que a la CGT "no la detiene el tema político coyuntural sino que procura cumplir siempre con la gente". Admitió que el paquete de subsidios anunciado por el Gobierno representa "una inyección bastante importante" pero aclaró que la central obrera no dejará de plantear sus reclamos, entre otros puntos por "el trabajo en negro, que es una asignatura pendiente".