Ocupas: ahora todos van contra el juez

Estela de Carlotto

El juez de Instrucción que investiga los tres asesinatos en las inmediaciones del Parque Indoamericano fue recusado ayer por el fiscal de la causa y recibió críticas por parte de la Secretaría de Derechos Humanos y por la asociación Abuelas de Plaza de Mayo por su actuación en el expediente. Las objeciones centrales pasaron por la decisión del magistrado Eliseo Otero de negarse a detener a un barra brava que durante los incidentes fue filmado mientras empuñaba un arma. La detención había sido pedida por el fiscal Sandro Abraldes.

Como informó este diario, pasado un mes de los tres homicidios en el Indoamericano la causa permanece sin detenidos ni sospechosos, y todavía no hubo siquiera confirmación oficial de la identidad del tercer muerto. La única indagatoria que se concretó hasta ahora fue al barra brava de Huracán Julio Cappella, filmado por cámaras de televisión en momentos que apuntaba un arma hacia un sector del Indoamericano donde se hallaban los ocupantes del predio.

Luego de tomarle declaración, el juez Otero le dictó la falta de mérito a Cappella. A continuación, el fiscal Abraldes presentó un escrito en el que le reclamaba al magistrado el procesamiento y la detención del sospechoso, pero Otero desechó ese planteo y se declaró incompetente de continuar al frente de la causa abierta por la exhibición de una supuesta arma de fuego. El juez planteó su propio apartamiento por entender que se trataba de una posible «intimidación pública», un delito que corresponde investigar a la Justicia federal.

La saga judicial tuvo su último capítulo ayer cuando el fiscal presentó un escrito para apelar la recusación planteada por el propio juez, y al mismo tiempo demandar su recusación para continuar con el expediente. La intención de Abraldes es que la Cámara del Crimen termine por validar la intervención de la Justicia ordinaria en la causa, pero que al mismo tiempo resuelva apartar a Otero.

La disputa entre el juez y el fiscal fue evidente apenas quedó abierto el sumario por los primeros dos asesinatos, de Bernardo Salgueiro y Rosemary Chura Puña, cometidos el 7 de diciembre pasado. Entonces, Abraldes apartó a la Policía Federal de las pericias por entender que personal de esa fuerza podría tener algún grado de vinculación con los crímenes, lo que no fue del agrado de Otero. Ambos, sin embargo, deberán continuar juntos en la investigación de los tres crímenes.

El tercer muerto fue identificado, en principio, por el documento que portaba, como Juan Castañeta Quispe, pero luego su viuda dio a conocer que en realidad se trataba de Emilio Canaviri Álvarez.

Tensión

Uno de los párrafos que el juez le dedicó al fiscal, y que fue retomado por el propio Abraldes para la recusación planteada ayer, también expone el nivel de tensión entre ambos: «Me siento forzado ya desde el inicio a expresar mi sorpresa en torno a la celeridad, premura y rigurosidad con la que parece ahora quererse impulsar la causa, pues es de hacer notar que la investigación se inicia a partir y con motivo de la presentación espontánea del inculpado Cappella en este Tribunal». El juez deberá responder ahora la apelación y recusación del fiscal, y de fijar posición contraria el trámite quedará a resolución de la Cámara del Crimen.

Las quejas del fiscal tuvieron eco en varios sectores. El subsecretario de Protección de Derechos Humanos, Luis Hipólito Alén apoyó a Abraldes y pidió el apartamiento del juez por entender que prejuzgó y adelantó su opinión sobre la resolución del caso.

Alén cuestionó la decisión del magistrado de exculpar a Cappella y de excusarse: «Esa manera de actuar no es la que corresponde a un magistrado, que debe oír a todas las partes y producir la prueba que le ofrezcan antes de pronunciarse, cosa que no ocurrió en este caso», agregó.

Mientras que Abuelas de Plaza de Mayo consideró «un grave retroceso en la investigación de los homicidios» la postura del juez respecto del barra de Huracán. La entidad que lidera Estela de Carlotto expresó su «profunda preocupación» por la decisión del magistrado y sus argumentos acerca de que «el conflicto ha sido de tal complejidad social que resulta imposible calificar la conducta de uno u otro grupo como agresores o agredidos».

«La labor del juez, así como de la Justicia en general, es precisamente investigar los hechos para poder identificar a los homicidas, así como también a aquellas personas que hubieran participado de otros hechos delictivos», agrega la entidad en un comunicado.