El Gobierno Nacional adoptó una de las primeras medidas para cauterizar cualquier complicación que el escándalo Odebrecht pudiera deparar con su intervención en obras públicas en Argentina, sospechadas de haber sido obtenidas a través de pagos irregulares, tal como se reveló en Brasil con el "Lava Jato". A través de un comunicado del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda que encabeza Rogelio Frigerio se estableció un veto para que el gigante brasileño intervenga en nuevas licitaciones por obra pública a la espera de que su actual participación en dos mega obras a nivel local se espera que sea despejada a través de acuerdos dentro de los consorcios. El objetivo inicial de acorralar a la empresa para firmar un acuerdo que permita aporte de información sobre el pago de coimas viró en una embestida para ralearla de negocios en el país, uno de los objetivos de la firma para negociar una posible colaboración con las autoridades locales.
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"El Consejo del Registro Nacional de Constructores y Firmas Consultoras de Obras Públicas (decidió) suspender de modo preventivo por 12 meses la tramitación del Certificado de Capacidad de Contratación Anual para licitación a la Constructora Norberto Odebrecht. Esto es en virtud de hallarse la empresa en prima facie en falta muy grave", indicó la decisión oficial que -al menos por un año- excluirá a la empresa de poder participar en licitaciones públicas, donde se exige ese certificado para participar.
"Actualmente, la empresa se encuentra inscripta en el Registro Nacional de Constructores y firmas constructoras de obra pública. El certificado antes mencionado se encuentra vencido desde el 30 junio de 2016 y la empresa ha iniciado los trámites para su renovación", aclaró la cartera conducida por Frigerio, que agregó: "Hay abiertos varios procesos judiciales y administrativos en nuestro país y en el exterior que involucran a la empresa en prácticas corruptas".
En ese sentido, recordó cuáles fueron las principales derivaciones del escándalo por sobornos que salpicó a la mayor parte de la clase política y empresaria de Brasil. "También en Brasil la empresa tiene causas judiciales con mayor grado de avance, sentencias condenatorias y reconocimiento de culpabilidad de los acusados, según surge del Informe de los Auditores Independientes sobre los Estados Contables Consolidados que el propio constructor envió al Registro Nacional de Constructores para renovar su certificado".
"Más allá de las causas a investigaciones a nivel local, se considera que se está en presencia de fuertes y convincentes indicios de la participación de la empresa en prácticas de corrupción, los que resultan incluso de la documentación aportada por la propia empresa", sentenció el Consejo del Registro de Constructores y Firmas Consultoras de Obras Públicas. El documento fue firmado por su presidente, Guillermo Ferrea; el vicepresidente, Ricardo Delgado; los consejeros titulares Susana Martín, Eduardo Dos Santos, Gustavo Burgwardt; y el consejero suplente Víctor Entrala.
La decisión se enmarca en el intento oficial por doblegar a Odebrecht que hasta ahora no ha aportado a la justicia (ni tampoco al Gobierno pese a sucesivas reuniones de sus abogados con funcionarios) información que alimente cinco expedientes judiciales que actualmente se están tramitando. Recién el 11 de julio está prevista una visita de jueces y fiscales a Estados Unidos para intentar destrabar el grifo informativo sobre las confesiones hechas por Odebrecht en ese país, dado que Brasil tampoco brindará información sin idénticas garantías de inmunidad sobre los acusados. El juez Sebastián Ramos aclaró que lo que propone la empresa, es jurídicamente inviable en el marco de nuestra legislación.
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