Alicia Kirchner, Miguel Lifschitz y Juan José Aranguren
La suba en las tarifas de energía y de gas, que sacude con mayor intensidad al interior del país, generó una proliferación de presentaciones de amparos para congelar la aplicación en provincias como Santa Fe, Mendoza, Santa Cruz, Buenos Aires, San Luis, pero hasta el momento la Justicia no se expidió en ninguno de los casos.
Esa dilación comienza a inquietar tanto a usuarios residenciales como a sectores empresariales, que se esperanzan con la posibilidad de que se apliquen, una vez más, suspensiones desde el ámbito judicial como las que ya han beneficiado a distintas ciudades ante los aumentos de gas de 2014.
Precisamente, esa decisión de la Justicia retrotrajo las tarifas en Mendoza, San Luis, Rosario y varias ciudades del sur de la provincia de Buenos Aires, por lo que la caída de esas cautelares podría provocar que los usuarios terminen pagando hasta diez veces más de lo que pagará el resto del país por el uso del gas natural.
En Rosario, sin embargo, un fallo adverso revocó en 2015 la cautelar que favoreció inicialmente a los clientes de Litoral Gas. Ahora la última palabra la tiene la Sala B de la Cámara Federal de Rosario, adonde llegó la apelación a la sentencia de primera instancia y cuyos magistrados deberán resolverla a la brevedad.
Veamos ahora dos casos puntuales:
En Santa Cruz, dirigentes de la UCR provincial presentaron ayer ante la Justicia federal un amparo para que no se apliquen en la provincia los últimos incrementos nacionales definidos para la tarifa de gas.
"Lo hemos hecho como debemos hacerlo, como usuarios del servicio de gas", aseguró el senador nacional Alfredo Martínez respecto de la cautelar. El planteo se apoya en el hecho de que -afirman- los aumentos en el distrito que gobierna Alicia Kirchner (Frente para la Victoria) escalarán a entre el 800% y el 900% "sin la consulta popular que tendría que haberse dado". "Nos parece que para la zona, si bien entendemos que hay que hacer una actualización realmente son incrementos muy fuertes", enfatizó.
En Santa Fe, una multisectorial insistirá con el reclamo para que se suspenda en la provincia la aplicación del último incremento de la energía eléctrica, que a partir de la quita de subsidios a nivel nacional llega hasta el 1.000%. La embestida la protagonizan representantes de todos los centros comerciales de Rosario, pymes, distintas cámaras y gremios, y organizaciones sociales y políticas. Argumentan que al impacto de la suba energética se le sumarán los también disparados costos de las tarifas de agua y gas. "Nuestro sector ya empieza a tambalear", advierten. Apuntan a que se "suspenda" la aplicación de los aumentos de la EPE. Además esta semana intentarán también formalizar una presentación judicial para frenar la aplicación en forma inmediata de las subas. Mientras, el gobernador Miguel Lifschitz espera una respuesta del ministro de Energía, Juan José Aranguren, respecto de los planteos que en este sentido viene realizando la provincia desde hace meses.
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