4 de diciembre 2009 - 00:00

Oleada de corrupción lanza a Lula a una reforma política

Luiz Inácio Lula da Silva saluda a niños que se acercaron a saludarlo durante la ceremonia de bienvenida que le brindó el presidente alemán, Hörst Koehler, en Berlín.
Luiz Inácio Lula da Silva saluda a niños que se acercaron a saludarlo durante la ceremonia de bienvenida que le brindó el presidente alemán, Hörst Koehler, en Berlín.
Brasilia - La corrupción volvió a sacudir Brasilia, el principal centro de poder de Brasil, con un escándalo que ahora se enredó en las ramas de la gobernación de la capital y que muestra las profundas raíces de la podredumbre de la clase política del país.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, que está de visita en Ucrania, calificó ayer como «graves» las denuncias que comprometen al gobernador del Distrito Federal de Brasilia, José Roberto Arruda, y a otros funcionarios, y afirmó que quien haya cometido delitos, «tendrá que pagar».

«Es deplorable para la clase política. Yo ya envié dos propuestas de reforma política para el Congreso y a nadie le importa votarlas. Hay un enemigo oculto que no deja votar», dijo el mandatario después de reunirse en Kiev con su homólogo de Ucrania, Víctor Yúshchenko.

Estas reformas políticas, que probablemente no consigan completar su trámite antes de las elecciones presidenciales de octubre de 2010, pretendían acabar con la impunidad de los políticos ante los casos de corrupción que constantemente se descubren en cualquier esfera del poder en el país.

La propuesta de Lula prevé que los partidos reciban financiación pública para las campañas electorales y así se pueda evitar la dependencia de fuentes privadas, que invitan y financian la corrupción, como indican las investigaciones acerca de este último caso destapado el pasado viernes por la Policía Federal.

Según los investigadores, los acusados de corrupción en Brasilia recaudaban mensualmente cerca de 600.000 reales (unos u$s 348.837) de empresas que habían sido favorecidas con la adjudicación de contratos públicos y que luego repartían entre diferentes autoridades.

El gobernador Arruda, del partido derechista Demócratas, es el político de mayor rango implicado en esta trama, en la que también están involucrados otros miembros de su gabinete y diez de los 24 diputados que componen la Asamblea regional.

La Policía difundió videos con imágenes del gobernador y de otros políticos recibiendo gruesos fajos de dinero, lo que ha generado protestas por parte de sindicatos y estudiantes y asustado a los partidos aliados del Gobierno regional.

Ya abandonaron el Gobierno del Distrito Federal estrechos aliados como el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), el Partido Popular Socialista (PPS), el Partido Democrático Laborista (PDT) y el Partido Socialista Brasileño (PSB).

El Partido de los Trabajadores (PT) de Lula y el izquierdista Partido de Socialismo y Libertad (PSOL), un par de diputados regionales, la Central Única de Trabajadores (CUT) y una congregación religiosa local presentaron pedidos para la apertura de un proceso de destitución contra Arruda. El Demócratas abrió un proceso disciplinario contra el gobernador y le dio un plazo de ocho días para explicarse, antes de deliberar si lo expulsa de la formación política o no, en una decisión que será anunciada el próximo 10 de diciembre.

El gobernador niega las acusaciones y asegura que el dinero en efectivo que recibió ante las cámaras ocultas eran donaciones para acciones sociales durante la campaña electoral que fueron «regularmente contabilizadas».

Inicialmente, Arruda explicó en un comunicado que el dinero fue destinado para la compra de «panetones» (pan dulce), que iban a ser distribuidos a niños necesitados.

El escándalo también movilizó a agrupaciones estudiantiles y sindicales, que el martes invadieron la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Agencia EFE

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