Once: rechazan pedido del Estado para querellar

El Estado no podrá ser parte activa en el juicio por la tragedia ferroviaria de Once, luego de que la Cámara de Casación Penal rechazara un planteo en ese sentido. La Sala III del tribunal confirmó una decisión de la Cámara Federal porteña que había denegado el pedido de los abogados del Ministerio de Planificación.

Los representantes del sector público habían planteado la posibilidad de ser querellantes para impulsar la causa, ofrecer medidas de prueba y sugerir la presentación de testigos. Para insistir con el pedido deberán acudir en queja a la Corte Suprema. El juicio ventilará la posible responsabilidad de funcionarios y empresarios en el choque de una formación de la línea Sarmiento con otra estacionada en la entrada de la estación de Once, el 22 de febrero del año pasado, que produjo la muerte de 51 personas.

El rechazo al pedido del Estado corrió por cuenta de los camaristas de Casación Mariano Borinsky, Liliana Catucci y Eduardo Riggi. Los magistrados siguieron la línea de la Cámara Federal, según la cual el rol de querellante sería contradictorio con la condición de procesados de varios exfuncionarios entre los 29 imputados que irán a juicio oral. Entre ellos figuran los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, y el exsubsecretario de Transporte Ferroviario Antonio Luna. También irán al debate oral como acusados los empresarios Claudio y Mario Cirigliano, así como el maquinista de la formación accidentada, Marcos Córdoba, entre otros.

La investigación gira en torno de la responsabilidad primaria en el accidente, tanto si se trató de una falla humana o bien de falencias en el material rodante. Y además en el juicio se debatirá sobre eventuales irregularidades en el otorgamiento y manejo de subsidios estatales a favor de la empresa TBA, de los Cirigliano, concesionaria del Sarmiento al momento de producirse la tragedia, así como una posible falta de control por parte de los funcionarios responsables.

De acuerdo con los jueces que analizaron los planteos, no está acreditado en la investigación que el Estado fuese víctima del hecho, una condición necesaria para la aceptación del rol de querellante. La presentación de Planificación apuntaba a que Casación aceptara la remisión del pedido a la Corte. Tras el rechazo, los abogados del Estado podrían acudir directamente en queja al máximo tribunal del país, un remedio que no suele tener acogida favorable por parte de los cortesanos.