Opción de pago a bonistas: agujero negro del debate

La discusión en el Senado entre Axel Kicillof , Carlos Zannini y la oposición por la ley que modifica el domicilio de pago a bonistas arrancó en ese ámbito sobre bases que parecían obvias. Se sabía de antemano que el discurso de la oposición, (con más precisión el del radicalismo) se iba a centrar en cuestionar el pedido presidencial para que se declarara de interés público "la Reestructuración de la Deuda 2005-2010 y el pago soberano local". El problema no es esa declaración de alcance jurídico acotado, sino la ratificación parlamentaria que eso implica para todas los decretos y resoluciones que el Gobierno emitió en materia de deuda desde el comienzo del canje hasta ahora. A todas los cuestionamientos sobre ese proceso se suman, además, las denuncias penales que existen sobre las condiciones de reapertura del canje en 2010. Ningún diputado o senador estaba dispuesto a ponerle la firma a esas operaciones. El resto de la ley aparecía innecesaria para la oposición, habida cuenta la delegación de facultades al Poder Ejecutivo en la materia.

Cuando todo parecía centrarse en ese punto, apareció un debate colaterial que realmente complicó el discurso oficial que sostenían los dos funcionarios.

El chubutense Mario Cimadevilla fue el encargado de poner en apuros a Kicillof y a Zannini: "La ley que ustedes mandan a mí me genera algunas dudas que me llevan a tildar de inconveniente su sanción. Se las voy a explicar: en el artículo 1º invocan la soberanía para reestructurar la deuda. Es un contrasentido porque la jurisdicción ya la hemos resignado, ya la hemos pactado. Pero, reitero, es un contrasentido. Al menos, la potestad de nuestros jueces para resolver esta cuestión como país soberano ya no la tenemos. No me cierra lo siguiente: en el artículo 1º de la ley, en los fundamentos de la ley...; hemos revocado al BoNY como el agente fiduciario que paga. El BoNY no va a pagar. Le hemos revocado el poder para pagar a los bonistas", arrancó el chubutense con aire de quién le pregunta a un docente.

Kicillof atacó: No, no revocamos el...

Cimadevilla: ¡Está en la ley!

Kicillof: Pero no lo hicimos...

Zannini: Pero la ley no dice lo que usted dice. Lea la ley, senador.

Cimadevilla: Si el BoNY no va a pagar los pagos de la deuda, ¿quién los va a pagar?

Zannini: Nación Fideicomiso en la cuenta...

Cimadevilla: ¿Un fideicomiso?

Anibal Fernández: Nación Fideicomiso en la cuenta que se va a abrir en el Banco Central.

Cimadevilla: Está bien, no aceptan los acreedores este nuevo fideicomiso. ¿Quién paga? Ya no lo puede pagar ni el BoNY ni este nuevo fideicomiso. O sea, estamos agregando una dificultad más a este tema.

La discusión aportó al punto que quizás más preocupa a economistas del Gobierno y la oposición. Lo resumió al final el propio Cimadevilla: "La pregunta es si el bonista no acepta el cambio de fiduciario, ¿cuál es el camino para pagarle?"

Si bien es cierto que la ley establece la opción al Ministerio de Economía de cancelar el contrato con el BoNY, en caso de concretarlo y no aceptar los bonistas la mudanza de lugar de pago (al ser una operación opcional) los contratos de emisión de los bonos quedarían sin domicilio de pago.

El punto ya fue mencionado hasta por diputados kirchneristas como Carlos Heller que sostiene la necesidad de instrumentar legalmente el ofrecimiento que Kicillof ya hizo públicamente a bonistas que están dentro del canje de pagarles en el lugar del mundo que eligieran, siempre que allí no llegue el largo brazo de la sentencia de Thomas Griesa. Roberto Lavagna tambien puso una alarma sobre ese tema.