Oposición pide citar a declarar a jefe de ENARSA

La oposición dio el primer paso ayer en la Cámara de Diputados para impulsar la investigación de las supuestas irregularidades en los negocios de la Argentina con Venezuela y con Ecuador.

Por un lado, la titular de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, presentó un pedido de informe en la Comisión de Energía de la Cámara baja, en el que solicita que se cite a declarar al presidente de ENARSA, Exequiel Espinosa, a raíz de la venta de acciones que esta empresa tenía en el proyecto de construcción de la represa Hidroeléctrica de Coca Codo Sinclair, cofinanciado hasta el año pasado con el Gobierno ecuatoriano.

La diputada opositora también pidió, junto con el legislador Juan Carlos Morán, que ENARSA informe la cifra exacta que recibió el Gobierno argentino por esa venta -supuestamente, gestionada por el secretario privado de Julio De Vido, José María Olazagasti-, el proceso por el cual tomó esa decisión la asamblea de accionistas de ENARSA, las funciones que desempeñó Olazagasti en este acuerdo, todas las operaciones que realizó la empresa estatal argentina con las entidades a cargo del proyecto -la compañía china Sinohydro y el China Eximbank-, así como los detalles del convenio firmado entre la Argentina y el Gobierno de Rafael Correa.

A esta iniciativa presentada en la Comisión de Energía, presidida por el titular del Proyecto Sur, Fernando Pino Solanas, se sumó otro pedido, esta vez en la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara baja. La legisladora Patricia Bullrich pidió que se cite al ex embajador argentino en Venezuela y al ex agregado comercial en ese país, Eduardo Sadous y Alberto Álvarez Tufillo, para que informen «sobre la denuncia de la existencia de una política exterior paralela a la Cancillería argentina».

Sadous y Álvarez Tufillo se convirtieron en uno de los factores claves en la pesquisa que investiga el supuesto pedido de retornos por parte de funcionarios argentinos a empresarios para participar de las relaciones comerciales con Caracas. Ambos ex funcionarios declararon ante el juez Julián Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita, a cargo del caso, que habían recibido estas denuncias de los industriales argentinos.

Ambos pedidos forman parte de una avanzada generalizada de la oposición de investigar estas irregularidades desde el Congreso, a la que también adhieren el bloque radical y legisladores del PJ disidente.