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Otra de Moyano en Diputados: aprueban ley contra empleo
• Se sancionó proyecto de Héctor Recalde que agrava indemnizaciones.
• Se espera freno en el Senado
Héctor Recalde defendió su proyecto en el recinto de Diputados y consiguió apoyo de la oposición para obligar a empresas a pagar indemnizaciones sin ir a juicio.
Ese proyecto, que patrocinó Héctor Recalde, se respalda en la idea de combatir el empleo en negro al establecer que en caso de despido el empleador deberá pagar la indemnización de ley, sumada a un mes extra por cada año trabajado.
Si eso no bastara para alimentar los temores de los empresarios, en especial los pymes, al decidir la contratación de nuevos trabajadores, otro artículo de la misma ley modifica de raíz el trámite del despido sin causa: en caso que el empleador no pague inmediatamente la indemnización y se produzca el reclamo judicial, el empleado podrá reclamar un 50% más del monto total que le correspondiera.
Es decir, se alienta, mediante el temor, que las empresas paguen aunque consideren tener la razón en un caso de despido, frente al peligro de multiplicar la indemnización si pierden el juicio.
Las dos modificaciones al régimen de Contrato de Trabajo fueron sancionadas ayer en Diputados en una sesión exprés. Una es la que incrementa las indemnizaciones por despido en el caso de empleados en negro y la otra limita las posibilidades de reducir la jornada laboral.
A la norma modificada que duplica el pago en concepto de despido de los empleados en negro se incorporó también un cambio que impondrá restricciones a la reducción de la jornada de trabajo.
El proyecto impulsado por el kirchnerista Recalde impone que «las indemnizaciones serán incrementadas al doble cuando se trate de una relación laboral que al momento del despido no esté registrada o lo esté de modo deficiente» y que si da por terminado el trabajo «por cualquier otra causal salvo por renuncia o por la voluntad concurrente de las partes, el empleador deberá abonar, además de las indemnizaciones que correspondan, una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio, tomando como base la mejor remuneración mensual».
La iniciativa también propone una modificación a la Ley 25.323, para que «cuando el empleador, fehacientemente intimado por el trabajador, no le abonare las indemnizaciones que correspondan y, consecuentemente, lo obligare a iniciar acciones judiciales o cualquier instancia previa de carácter obligatorio para percibirlas, éstas serán incrementadas en un 50 por ciento».
Jornada
La otra iniciativa modifica la jornada laboral reducida.
«La reducción de la jornada máxima legal solamente procederá cuando lo establezcan las disposiciones nacionales reglamentarias de la materia, estipulación particular de los contratos individuales o convenios colectivos de trabajo», establece la norma.
Los dos proyectos fueron aprobados sin observaciones ni disidencias y fueron girados al Senado, en una sesión que duró menos de dos horas. El primero obtuvo 166 votos a favor y 8 en contra, mien-tras que el referido a la duración de las jornadas se aprobó con 163 votos a favor y 12 negativos.
En los fundamentos de las iniciativas, Recalde señaló que las modificaciones tienen por objetivo «distribuir el empleo existente con más equidad, entre más trabajadores, entendiendo que la limitación de la jornada de trabajo es una herramienta sumamente útil a esos fines».

