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Otra vez, choca Humala con su base electoral
Un auto en llamas en una ruta de Espinar. Anoche, las autoridades nacionales dijeron haber recuperado la región.
La población de Espinar, en la región Cuzco, exige que se investiguen los supuestos daños ambientales causados por la mina de cobre Tintaya, que explota la minera suiza Xstrata, y que se eleve del 3% al 30% el aporte al desarrollo de la empresa a las autoridades locales.
Dos personas murieron en los enfrentamientos con la Policía, al parecer por disparos de armas de fuego, y decenas de civiles y agentes resultaron heridos de diferente consideración. «Hay dos fallecidos, uno que está siendo evacuado en estado muy grave y muchos heridos, todo porque hay una insensibilidad por parte del Ejecutivo para poder apreciar la real problemática de Espinar», declaró el alcalde de la localidad del mismo nombre, Oscar Mollohuanca. El ministro del Interior, Wilver Calle, confirmó los fallecimientos y dijo que la Policía tuvo que responder ante los «ataques, provocación y medidas de fuerza, con quema de pastizales y lanzamiento de piedras» de los manifestantes.
Calle añadió que el lunes hubo 30 policías heridos, que se sumaron a los 46 del domingo. «Se usaron balas de goma y, cuando se puso en peligro a la Policía, ellos tuvieron que repeler el ataque... las muertes fueron consecuencia de la actitud que tomaron los pobladores», afirmó.
Tras confirmarse los decesos, los manifestantes atacaron algunos vehículos que se encontraban en la ruta que une Espinar con Cuzco y retuvieron a un fiscal que se dirigía a la zona. Después de hacerlo caminar sin zapatos durante varias horas, aceptaron liberarlo a petición de la Vicaría apostólica.
Sin embargo, la situación llevó al Gobierno peruano a declarar el Estado de emergencia (excepción) en Espinar, y el jefe de Gabinete, Óscar Valdés, invocó a la población local a levantar su medida de fuerza y reiniciar el diálogo. Según un decreto que fue leído en el palacio gubernamental, la medida se dictó para garantizar la seguridad y el libre tránsito en la zona, así como «la plena vigencia de los derechos fundamentales».
Control
El estado de emergencia, que estará vigente durante 30 días y entrega el control del orden interno a la Policía, comprende la suspensión de garantías relativas a la libertad de tránsito y reunión, a la seguridad personal y la inviolabilidad de domicilio.
El alcalde Mollohuanca aseguró, por su parte, que el Gobierno está «caricaturizando el problema» de Espinar, al decir que las protestas tienen un origen político y enfatizó que sus habitantes exigen que se analicen los pasivos ambientales que causó el yacimiento de Tintaya. «El tema no es sólo económico, porque previo a ello los comuneros de la zona piden una solución a los pasivos ambientales que se han generado», remarcó Mollohuanca.
El Gobierno peruano asegura que las protestas en Espinar siguen el mismo tenor que las presentadas en la región norteña de Cajamarca contra el proyecto aurífero Conga, paralizado a la espera de un peritaje medioambiental.
La Vicaría señaló ayer que un estudio de febrero del estatal Centro de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente encontró muestras de contaminación «de arsénico y mercurio por encima de los estándares de calidad ambiental».
«Se encontraron 28 personas con valores superiores al límite de referencia con mercurio, 24 personas con valores de arsénico superiores al límite referencial y 10 personas con valores de cadmio por encima del valor referencial», señaló.
Agencias ANSA y EFE
