Otro juez suspende la nueva ley de medios

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La jueza federal de Mendoza, Olga Pura de Arrabal, hizo lugar ayer a una medida cautelar presentada por el diputado del PJ disidente por esa provincia, Enrique Thomas, y ordenó que se suspendiera la aplicación de la ley de Servicios Audiovisuales hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Es el tercer fallo en una semana contra la nueva legislación.

En este caso, la presentación del diputado opositor y aliado del vicepresidente Julio Cobos apuntó a objetar la sanción de la Ley 26.522, por el tratamiento «irregular y violatorio» del reglamento de la Cámara de Diputados y de la Constitución Nacional que tuvo la legislación, antes de ser aprobada por ambas cámaras.

El abogado del diputado Thomas, Luis Leiva -ex candidato de Elisa Carrió en la década pasada-, afirmó que la medida cautelar suspende la aplicación de la ley en todo el territorio nacional y también la realización de cualquier acto que ponga en función la misma.

En este sentido, la resolución de la magistrada tiene un mayor alcance inmediato que la del juez federal Edmundo Carbone, quien la semana pasada suspendió la vigencia de los artículos 161 y 41 de la nueva ley de medios, al hacer lugar a una medida cautelar presentada por el Grupo Clarín. El magistrado en lo Civil y Comercial de la Capital Federal consideró que ambos artículos afectaban derechos adquiridos y por eso violaban la Constitución.

Segundo Fallo

Durante el fin de semana, se conoció un segundo fallo en contra de la Ley 26.533. El juez federal de Salta, Miguel Antonio Medina, también dispuso que se suspendiera su aplicación, en defensa del derecho a la información de los ciudadanos de su provincia y con el objetivo de que no se restrinja la oferta informativa que traería como consecuencia la venta o desaparición de medios radiales y televisivos.

Por otro lado, Leiva señaló que la sentencia de la jueza mendocina «es de primera instancia y probablemente seguirá la vía recursiva normal y llegará a la Corte Suprema de la Nación, por lo que hasta que quede firme va a consumir todo el año próximo. Si esta medida no es revocada mantendrá la suspensión». El abogado también aclaró que la medida «no es retroactiva» y que «funciona desde el momento en que sea notificada», lo que ocurrirá «en los próximos días».

«No puede darse ningún paso con la ley que fue sancionada por el Congreso, lo que no significa que el Gobierno no vaya a discutir sobre su validez», agregó Leiva.

En su presentación, Thomas cuestionó la rapidez con la que el plenario de comisiones de Diputados pasó revista de los artículos de la ley, antes de que la norma fuera al recinto. «Se leyeron 160 artículos durante la noche y la oposición sólo tuvo una hora o dos para verlos, mientras el oficialismo hacía firmar el despacho», explicó el diputado nacional.

Recordó además que el día de la votación, «99 diputados nos fuimos del recinto porque no queríamos avalar el tratamiento irregular de la ley».

La jueza mendocina consideró que había elementos suficientes para dictar una medida cautelar que suspenda la ley hasta que exista una sentencia firme sobre la denuncia de irregularidades «sin que ello implique prejuzgamiento». Además, la magistrada solicitó informes al Ejecutivo y al Congreso para pronunciarse sobre las acusaciones presentadas por Thomas.

«Ahora la Justicia analizará la cuestión de fondo y definirá si estamos equivocados o no», completó el legislador peronista mendocino, quien pertenece al grupo de diputados que lidera Felipe Solá, pero que fue candidato en Mendoza de Julio Cobos.

Thomas adelantó, además, que «seguramente el Gobierno nacional apelará y la Justicia evaluará si mi pedido es correcto. No nos podemos quedar con una ley de la dictadura pero tampoco podemos recurrir a argumentos antidemocráticos para superarla violando las normas». Y subrayó que «los argentinos debemos elegir si vamos a respetar los procedimientos o no».

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