29 de marzo 2011 - 00:00

Oyarbide, en guerra con un fiscal por remedios

Norberto Oyarbide
Norberto Oyarbide
La causa por la denominada «mafia de los medicamentos» provocó un cruce entre el juez federal Norberto Oyarbide y el fiscal Luis Comparatore. En silencio, ambos funcionarios comenzaron a pujar por la instrucción de al menos cinco expedientes que el magistrado pretende derivarle al fiscal para suavizar las críticas que le hizo la Cámara Federal por la constante acumulación de investigaciones conexas a la causa principal.

Entre febrero y marzo, Oyarbide remitió a la fiscalía varios legajos abiertos a partir de los allanamientos realizados en droguerías durante 2010. El juez se basó en un artículo del Código Procesal Penal que lo habilita a delegarle la instrucción de los sumarios al fiscal. Sin embargo, Comparatore planteó la nulidad de esos envíos y apeló las decisiones del magistrado ante la Cámara, que ahora deberá resolver a quién le corresponde impulsar las investigaciones.

La delegación tiene su base en dos reprimendas que le dedicó la Sala II del tribunal, una hacia fin de año y la siguiente a mediados de febrero. En la última, los jueces cuestionaron por «desordenada» la investigación de Oyarbide, alegaron que el juez «no ha logrado una dirección eficaz en las pesquisas» y le achacaron la constante apertura de causas conexas a la principal. De hecho, los camaristas le exigieron enviar a sorteo nuevos sumarios y derivarle al fiscal parte de sus tareas.

En las apelaciones, Comparatore alegó que fue «extemporánea» la delegación de causas, algunas de ellas de hasta cuatro años de iniciadas. El razonamiento es que durante ese tiempo el juez debió imprimirle su propia dinámica a los sumarios y que en la actualidad el traslado de la instrucción sólo provocaría más demoras.

Ante el primer llamado de atención de la Cámara Federal, Oyarbide ofreció una entrevista radial en la que se quebró, dijo sentirse «abrumado» por las responsabilidades a su cargo y hasta leyó un poema.

Esta semana, el magistrado deberá tomarles declaración indagatoria a los directivos de la Obra Social Bancaria (OSBA) y de la Asociación Bancaria. El jefe del gremio, Juan José Zanola, permanece detenido desde hace más de un año y la semana pasada se negó a ampliar su indagatoria al poner en duda la imparcialidad del magistrado, al que intentó recusar en varias ocasiones. El mismo argumento utilizaron las también detenidas Paula Aballay (mujer de Zanola) y Susana Fionna, ambas directivas de la obra social.

El 6 de abril será el turno del jefe del sindicato de peones rurales, Gerónimo Venegas. El dirigente había pedido postergar la ampliación de su indagatoria, y se prevé que la semana que viene estará acompañado por el expresidente Eduardo Duhalde, en su nueva condición de abogado defensor de Venegas.

El sindicalista de los rurales fue detenido por orden de Oyarbide el 10 de febrero último, acusado del presunto desvío de fondos públicos que debían ir destinados a la obra social del sindicato (Osprera). El magistrado resolvió excarcelarlo luego de 36 horas y tras una fuerte presión del sindicato, con cortes de rutas y una manifestación en la puerta de los tribunales federales, y de la mayoría del arco opositor, con Duhalde a la cabeza.

De acuerdo con el cronograma que dio a conocer el juez, la ronda de indagatorias continuará hoy con Alfredo Américo Iriondo, contador de la OSBA, y seguirá el jueves con Sergio Palazzo, número dos de la Asociación Bancaria a nivel nacional y a cargo de la jefatura del sindicato a partir de la detención de Zanola. El 5 de abril será el turno de José Lupiano, secretario de Finanzas del sindicato, y dos días después deberá prestar declaración indagatoria Carlos Cisneros, también directivo del gremio.

El 12 de abril fue citado a ampliar su indagatoria Néstor Lorenzo, dueño de la droguería San Javier y detenido, al igual que Zanola, hace más de un año. Ambos fueron señalados por Oyarbide como posibles jefes de una asociación ilícita destinada a la comercialización de medicamentos presuntamente vencidos, robados o adulterados, así como de la presunta falsificación de troqueles para el cobro de reintegros y subsidios por parte de la Administración de Programas Especiales (APE), el organismo público dedicado a devolverles a las obras sociales el valor de las prestaciones y de los tratamientos médicos más costosos.

El 14 de abril será indagado por primera vez Néstor Vázquez, exfuncionario de la Superintendencia de Servicios de Salud y señalado como uno de los artífices del sistema de nexos entre las droguerías, las obras sociales sindicales y los organismos públicos que monitorean el sector.

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