Oyarbide pide peritaje a la Corte y a la UBA sobre dineros de Schoklender

Norberto Oyarbide, Sergio Schoklender

El juez federal Norberto Oyarbide acudió a la Corte Suprema para pedir ayuda en la causa en la que investiga una posible defraudación en el manejo de fondos públicos por parte de Sergio Schoklender en su gestión como apoderado de la organización Madres de Plaza de Mayo. El magistrado encargó un estudio al Cuerpo de Peritos Contadores del máximo tribunal para establecer si hubo desvíos en los fondos que el Estado aportó a provincias y municipios para la ejecución de obras a cargo de la Misión Sueños Compartidos.

El planteo de Oyarbide, elevado la semana pasada, complementa los informes pedidos hasta ahora al Banco Central, respecto de los cheques emitidos y cobrados por todos los sospechosos de la causa, y a los técnicos de la Policía Federal Argentina, que indagan acerca de presuntas maniobras de administración fraudulenta.

El juez le pidió a la Corte la intervención de su cuerpo de peritos junto a los especialistas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Y ayer les comunicó a las Madres y a los sospechosos de su decisión, de modo tal que puedan designar peritos de parte.

Entre otros elementos de análisis, Oyarbide instruyó a los peritos para realizar una inspección contable en profundidad de todas las obras de construcción de viviendas encargadas a las Madres que hubiesen sido financiadas con recursos públicos. Pidió estudiar las estructuras de costos de las obras; los pagos efectuados contra la presentación de certificados, y los valores pautados por metro cuadrado en cada caso, a fin de establecer si hubo sobreprecios.

El resultado de ese informe será vital para conocer si la causa seguirá en el fuero federal, frente a un posible desvío de fondos estatales, o bien tendrá destino en la Justicia ordinaria por la sospecha de una administración infiel por parte de Schoklender, como argumenta el propio exapoderado.

El estudio que encargó guarda similitudes en lo formal con el que encaró la Auditoría General de la Nación (AGN) hace más de dos meses, y que hasta ahora registró nulos avances. En Tribunales explicaron que Oyarbide resolvió avanzar por su cuenta sin esperar los resultados del organismo de contralor que encabeza el radical Leandro Despouy.

Hasta anoche Sergio Scho-klender no había sido notificado del peritaje, pero sí su exmujer, Viviana Sala, incorporada en el expediente como sospechosa por el fiscal de la unidad antilavado, Raúl Pleé, que colabora con Oyarbide y con su colega Jorge Di Lello en la instrucción del sumario.

Además, tanto Schoklender como Sala designarán especialistas en el campo caligráfico para intervenir en un nuevo peritaje que el juez hará sobre un supuesto contrato entre las Madres y la empresa Meldorek, controlada por el exapoderado. Oyarbide realizó un primer análisis de las firmas atribuidas a Hebe de Bonafini en ese contrato y concluyó que fueron falsificadas. Schoklender y su exmujer apelaron el resultado por no haber sido notificados del informe.

En paralelo, y mientras persiste el secreto de sumario implantado por Oyarbide, la semana pasada llegaron al juzgado nuevos Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) ligados al expediente. Se trata de 52 carpetas provenientes de unas 29 entidades (entre bancos y casas de cambio, en su mayoría) acerca de los movimientos del entorno de los hermanos Sergio y Pablo Schoklender.

Lo llamativo de los ROS es que llegaron al juzgado directamente enviados de la Unidad de Información Financiera (UIF), que dirige José Sbatella. El procedimiento usual establece que esos reportes deben pasar necesariamente por la unidad antilavado a cargo de Pleé.

En el juzgado explicaron que esa suerte de puenteo al fiscal responde a una cuestión de practicidad, para agilizar el tránsito de información. Sin embargo, la decisión de pasar por alto esa instancia generó suspicacias por tratarse de un fiscal que había dado señales de avanzar hacia acusaciones firmes en contra de los sospechosos, y hasta de eventualmente plantear posibles imputaciones contra las autoridades de la fundación Madres, entre ellas Bonafini y su hija, Alejandra.

De hecho, Pleé le entregó a su colega Di Lello semanas atrás carpetas con un detalle de las acusaciones contra los hermanos Schoklender y otras trece personas por posibles delitos de lavado de dinero. Di Lello prevé utilizar esa documentación como complemento para sus imputaciones. Si las eventuales maniobras de lavado no fueron todavía objeto de citaciones a indagatorias fue porque Oyarbide y Di Lello dijeron que preferirán esperar hasta contar con más elementos para imputar a los sospechosos por defraudación contra la administración pública, y hasta quizás por asociación ilícita.

De otro modo, en Tribunales creen que la mera acusación por lavado sería una puerta de salida rápida para Schoklender del expediente, por estar bajo investigación maniobras que supuestamente se cometieron antes de la sanción de la nueva ley contra el blanqueo de activos. Dicho de otra forma, los investigadores quieren acumular más elementos.

Bajo ese prisma se entiende la decisión de Schoklender de iniciar hace dos semanas un raid constante por los pasillos de los tribunales federales de Comodoro Py. En varias ocasiones le reclamó al juez Oyarbide ser indagado para permitírsele ejercer su defensa.

Como anticipó este diario, el exapoderado de las Madres volverá esta semana a insistir ante el magistrado en reclamarle una definición. Para ello, apelará a las declaraciones de funcionarios como el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y el ministro de Planificación, Julio de Vido, quienes dieron a entender que no hubo desvío de fondos públicos entre las maniobras que se le achacan a Schoklender.