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Oyarbide se aferra a caso Schoklender
Norberto Oyarbide
Desde agosto, la estrategia del exmano derecha de Hebe de Bonafini se centró en forzar el apartamiento de Oyarbide, a quien denunció por supuestas maniobras dilatorias en la tramitación de la causa. El magistrado tomó nota y apuró las dos resoluciones de ayer. Su labor comenzó a ser analizada esta semana por la Cámara Federal, adonde recayeron varios planteos contra las inhibiciones y embargos que trabó sobre una treintena de sospechosos.
Ayer Schoklender volvió a tribunales. Llevó dos escritos en los que, con lenguaje irónico hacia el juez, le reclamó las dos medidas que Oyarbide adoptaba al mismo tiempo.
Sin embargo, el exapoderado de las Madres prepara una nueva acción dirigida al juez: se presentará como abogado coquerellante en una causa, de momento archivada, que tiene como denunciante al empresario teatral Luciano Garbellano. Es recordado por el escándalo que ocasionó una presunta filmación de Oyarbide en un local, que estuvo a punto de costarle el puesto en un juicio político.
Garbellano intentará la reapertura de ese expediente con la colaboración de Schoklender: el caso se remonta al 24 de marzo de 1998, cuando el hombre de negocios denunció haber sido víctima de una emboscada a tiros en Campana, en momentos de pleno auge del escándalo con el magistrado.
En cuanto a la causa por presunta administración fraudulenta en la organización Madres, donde el secreto de sumario regirá al menos hasta mañana, el magistrado dispuso medidas para ponerse a salvo de eventuales cuestionamientos de Schoklender y de la Sala I de la Cámara Federal, que en otros expedientes le dedicó serios planteos.
En esa línea, Oyarbide rechazó hacerse cargo de causas que le enviaron colegas por supuesta conexidad con su investigación. En la causa por la denominada «mafia de los medicamentos», los camaristas le reprocharon su decisión de concentrar expedientes conexos en lugar de enviarlos a otros magistrados y de ese modo limitar el objeto de estudio. Así, el juez rechazó una denuncia que había recaído en manos del juez federal Sergio Torres por posibles irregularidades en obras de las Madres en Ezeiza, y otra por los emprendimientos de la entidad en Tartagal.


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