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Paraguay: prisión a 12 “sin tierra” por la matanza
Patrullas militares siguieron recorriendo ayer el departamento de Canindeyú. No fueron encontrados más cadáveres. Más de 40 campesinos se esconden en el bosque.
Los doce campesinos afectados por la medida judicial fueron imputados por varios cargos, entre ellos homicidio doloso, homicidio doloso en grado de tentativa, lesión grave, asociación criminal, coacción y coacción grave.
El magistrado José Benítez también declaró en rebeldía a otros 46 campesinos que habrían participado en ese hecho que derivó en la muerte de seis policías y de al menos once campesinos en esa colonia, en el departamento de Canindeyú, colindante con el estado brasileño de Paraná, 380 kilómetros al nordeste de Asunción.
La Policía informó inicialmente el fallecimiento de nueve «sin tierra», pero el sábado fueron hallados los cuerpos de otros dos campesinos en una zona boscosa de la hacienda, propiedad del conocido político y empresario Blas N. Riquelme.
Los cuerpos fueron encontrados durante el recorrido de una comitiva fiscal y policial, así como de familiares de los campesinos que aseveraron el sábado ante la prensa que alrededor de 40 personas seguían ocultas y atemorizadas en el monte. Las tareas de búsqueda prosiguieron ayer pese a la intensa lluvia caída en la zona. El enfrentamiento devino en la destitución del ministro del Interior, Carlos Filizzola, y del comandante de la Policía, Paulino Rojas, cuyos sustitutos, Rubén Candia Amarilla (exfiscal general) y Arnaldo Sanabria (exjefe policial en Ciudad del Este), respectivamente, juraron en sus cargos el sábado ante el presidente Fernando Lugo.
En medio de la conmoción, el Poder Ejecutivo autorizó el viernes el envío de tropas militares a la zona afectada para reforzar las tareas de la Policía. Los desalojos y las ocupaciones de tierras son constantes en el país, aunque ésta es la primera vez que se registra un hecho de esa magnitud.
Los grupos de «sin tierra» acusan al Estado de haber cedido ilegalmente terrenos a latifundistas y productores agrícolas, principalmente durante la dictadura del general Alfredo Stroessner (1954-1989).
Durante ese régimen, casi 6,75 millones de hectáreas fueron adjudicadas irregularmente y otro millón más en los 15 años siguientes a la caída de la dictadura, lo que representa el 64,1 por ciento del total de tierras entregadas, según un informe de 2008 elaborado por la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ).
Además de la inusitada violencia, observadores llamaron la atención sobre que algunos policías asesinados recibieron disparos en la cabeza desde larga distancia, por lo que se trataría de armas sofisticadas.
Agencia EFE y Ámbito Financiero


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