A menos de una semana de haber empezado el frío en todo el país, el Gobierno se vio obligado a dar una marcha atrás no total, pero bastante significativa, en los aumentos a las tarifas de gas. Según anunció anoche el ministro Julio De Vido, se eleva de 1.000 a 1.500 metros cúbicos anuales el tope a partir del cual los usuarios residenciales de Capital Federal, Gran Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos deben pagar el cargo establecido para pagar importaciones del producto.
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Para el resto del país también se eleva el tope desde el cual se paga el ajuste, pero con distintos valores, porque el límite inicial ya era más alto en las regiones más frías y más bajo en algunas regiones del Norte.
La medida, aunque buscaría evitar un efecto contraproducente de cara a las elecciones, no tiene resultado inmediato porque las facturas más altas en pesos recién iban a empezar a recibirse después del 28 de junio.
La marcha atrás era casi inevitable desde que se instrumentó la medida porque en invierno una familia tipo con cocina, dos estufas, un termotanque o calefón, entraba dentro de los ajustes con aumentos de hasta un 300% y un 400% con respecto al año anterior.
Por otra parte, el cargo creado para un fondo fiduciario que cubriría importaciones sólo se suspende hasta el 31 de agosto de este año. Esto permite, lo que no ocurría con la norma anterior, que los hogares empiecen a contener el consumo desde este invierno, porque para entrar dentro de los ajustes, se computan los metros cúbicos utilizados en los últimos doce meses.
Exceptuados
La medida anunciada ayer dejará fuera del aumento entre mayo y agosto a un millón de hogares, según estimó el ministro De Vido. Ésta no es la primera revisión: ya en abril se habían excluido unos 330.000 hogares de diez provincias patagónicas y cordilleranas.
El funcionario dijo que la decisión se tomó como consecuencia del descenso de los precios de los combustibles al momento de la implementación del cargo, en noviembre pasado. Esto es efectivamente cierto y suscitaba serias dudas sobre lo que haría el Gobierno con los recursos del fondo fiduciario, mientras petroleras productoras de gas local presionaban para quedarse con parte de ese dinero. De Vido precisó ayer que el excedente que se hubiera recaudado habría sido de $ 200 millones.
«La señora presidenta nos ha instruido a elevar, desde el 1 de mayo al 31 de agosto los techos de consumo anual de gas a fin de excluir del cargo a más hogares de clase media», señaló el ministro.
Por otra parte, todavía falta la aplicación de una nueva suba del 10% a 30% en todo el país, con la excepción del área de concesión de Gas Natural BAN. En este caso, la demora del Enargas en publicar los nuevos cuadros tarifarios está vinculada tanto al alto impacto de los ajustes anteriores como a la proximidad de los comicios.
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