Paritarias ponen tope a agenda de gobernadores

En un escenario de devaluación y mayor inflación, para mantener las necesidades de financiamiento del conjunto de provincias en torno al 1% del PBI y compensar la suba del gasto público ante el nuevo escenario, "las provincias deberían realizar un ajuste sobre el gasto en salarios, bienes y servicios y obras públicas de magnitud considerable".

La conclusión pertenece a un informe de la consultora Economía & Regiones, que sostiene que "para ponerlo en números, para poder otorgar incrementos salariales de entre un 28% y 34%, las provincias no podrán incrementar el gasto en obra pública ni el resto de las partidas de bienes, servicios y transferencias más allá del 25% en términos nominales, implicando una fuerte caída en términos reales, que se acrecienta a medida que la tasa de inflación se eleva".

Según el informe, "en 2014, el escenario fiscal de las provincias, al igual que la esfera nacional, enfrentaría también una dinámica de ajuste". En esa línea, la consultora sostiene que por el lado de los ingresos, la devaluación con mayor inflación tendría un impacto negativo en el poder adquisitivo de la coparticipación y la recaudación provincial, pero positivo sobre las regalías petrolíferas, en menor medida sobre las regalías metalíferas y en el Fondo de la Soja.

El crecimiento de la coparticipación y de la recaudación provincial -advierten- "iría por detrás de la inflación", con tasas de crecimiento superiores al 30%.

Sin embargo, la devaluación del peso beneficiaría en parte la recaudación de productoras de petróleo como Neuquén, Chubut, Mendoza, Santa Cruz, Salta, Tierra del Fuego y Río Negro.

En este sentido -afirman- "la devaluación permitiría elevar los recursos de las provincias productoras en $ 2.000 millones por cada peso que se incremente la cotización del dólar oficial". En tanto, en una escala significativamente menor, la devaluación tendría un efecto positivo sobre las regalías mineras que reciben las provincias de San Juan, Catamarca, Mendoza, Neuquén, Jujuy, La Rioja y Salta, entre otras.

El impacto es sustancialmente menor "porque las provincias reciben sólo el 3% del VBP del mineral metalífero extraído a boca de pozo, cuyo precio está atado a la cotización internacional", afirma.

En paralelo, el Fondo de la Soja también recibiría un impacto positivo de la devaluación. Con una cosecha de 54 millones de toneladas de soja a un precio promedio de u$s 459, la recaudación aumenta por mayor tipo de cambio.

"Por el contrario, por el lado de las erogaciones, la devaluación y la aceleración inflacionaria licuarían el gasto público. La dinámica inflacionaria le ganaría a la actualización salarial, deteriorando su poder adquisitivo", argumentan.

En este contexto, los gastos en compra de bienes de consumo, servicios y costos de la construcción "serán ajustados hacia la baja en términos reales. Es decir, esta partida de gastos se incrementará en términos nominales menos que la inflación", estiman.