Peleas con Moyano congelaron reparto de fondos sindicales

Juan Manzur, Norberto Oyarbide

Virtual renuncia y virtual permanencia en el cargo. Así podrían resumirse los últimos diez días del abogado Daniel Colombo Russell al frente de la Administración de Programas Especiales (APE), la estratégica oficina del Ministerio de Salud que reparte al año $ 1.400 millones entre las obras sociales sindicales. Para preocupación de los gremios, el organismo permanece paralizado desde que Hugo Moyano le ordenó a Colombo Russell dar a conocer su renuncia como coletazo del escándalo con el exhorto suizo, y no se reactivó a pesar del levantamiento del paro que había lanzado el camionero para el lunes pasado.

El jefe de la APE es un abogado cuya labor previa era la asesoría legal en el sindicato de choferes de camiones. Junto a Colombo Russell, en medio de la polémica por el exhorto, habían anunciado su dimisión los gerentes de Jurídicos, Abel Beroiz (hijo del asesinado tesorero de la Federación de Camioneros del mismo nombre), y de Sistemas, Cristian Asorey, todos ellos puestos en sus cargos por orden del jefe de la CGT.

En el organismo confirmaron que desde el 17 de marzo, día en que se dio a conocer el contenido del exhorto de Suiza, cuyos fiscales pidieron a la Justicia argentina información sobre causas en las que está involucrado Moyano o su familia, ninguno de los tres funcionarios cumple tareas. En un principio hicieron saber que renunciarían, y, aunque no lo formalizaron, tampoco retomaron su labor.

Preocupación

El ministro de Salud, Juan Manzur, se reunió durante la semana con Colombo Russell para interiorizarse sobre las razones de su posible dimisión. El funcionario se limitó a contarle lo que Manzur ya sabía: que su permanencia al frente de la APE dependía pura y exclusivamente de la decisión de Moyano, responsable de llevarlo a ese lugar.

En las obras sociales la preocupación es mayúscula. Desde los gremios dijeron que la demora en la firma de expedientes data de por lo menos dos meses, cuando ni siquiera existían las sospechas de la posible aparición de un exhorto de Suiza. La razón: el jefe de la APE no quiere estampar su firma en ningún documento que pueda ser utilizado por el juez federal Norberto Oyarbide para imputarlo en la megacausa por la denominada «mafia de los medicamentos».

Hace un mes, Oyarbide procesó a la subgerenta de Rendición de Cuentas del organismo, Ana María Navas, y le trabó embargo sobre sus bienes por 400 mil pesos. El magistrado ya había tomado el mismo temperamento sobre otros funcionarios y exdirectivos de la APE, lo que terminó de convencer a Colombo Russell de la conveniencia de paralizar los trámites.

En ese lapso, el gerente general le había anticipado a Manzur sus ganas de irse. Por un lado, se sentía imposibilitado de firmar expedientes para el pago de reintegros a las obras sociales, y por otro sufría la constante presión de los gremios para agilizar los pagos, incluso del propio sindicato de camioneros. La crisis por el exhorto suizo le permitió confirmar y hacer pública esa decisión, pero la tregua entre el Gobierno y Moyano abrió un período de espera que todavía no terminó.

Se calcula que la APE pagó en lo que va del año la mitad de lo que debió saldar por reintegros en función del presupuesto asignado. La liberación de esos recursos, vitales para el mantenimiento de la cadena de pagos de las obras sociales, en particular las más chicas, quedó atada a una negociación entre Moyano y Cristina de Kirchner.

Presiones

En los sindicatos menos cercanos al camionero prevén reunirse esta semana para unificar una estrategia de presión para la obtención de fondos. «Oyarbide dijo que en la causa por los medicamentos hubo gremios que envenenaron a sus afiliados, pero la falta de recursos también los envenena», razonó un técnico del área, en contacto permanente con los directivos de la APE.

En lo que todos coinciden es en la imposibilidad de contar con un sistema que permita verificar la absoluta autenticidad de los troqueles que integran los expe-dientes por reintegros que tramita la APE. Aunque Colombo Russell les pidió a-sistencia a los directivos del Instituto de Medicamentos (INAME), los denominados «indubitables» (sistema de trazabilidad de los cartones) están en manos de los labo-ratorios, y los funcionarios no están en condiciones de verificarlos. Lo que convier-te el funcionamiento de la APE en una suerte de Gran Bonete en el que ninguno de sus actores quiere involu-crarse.