El Senado aprobó ayer y por unanimidad el proyecto de ley que penaliza con prisión el desvío de precursores químicos para la producción ilegal de estupefacientes.
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La iniciativa la presentó la senadora kirchnerista por la provincia de Entre Ríos, Sigrid Kunath y resultó modificada en septiempre pasado por la Cámara de Diputados y el Senado decidió aceptar los cambios. De esa manera el proyecto ayer se convirtió en ley y no hubo debate en el recinto ya que se trató de una segunda revisión.
La norma penaliza a las personas que, por cualquier medio, ingresen "en la zona de frontera o desviare de los canales legales regulados por la normativa", productos y sustancias químicas "esenciales para la producción ilegal de estupefacientes".
La iniciativa prevé reprimir con prisión de entre dos y ocho años e inhabilitación especial de cuatro a doce años a quien incumpliera con la ley.
La norma fue sancionada con 63 votos y establece una pena de 4 a 15 años de prisión y multas de 45 a 900 unidades fijas (entendida cada unidad como un salario mínimo) para quien "sin autorización o con destino ilegítimo siembre o cultive plantas, guarde semillas, precursores químicos o cualquier otra materia para fabricar estupefacientes".
Cuando se trate de alguien que "desarrolla una actividad cuyo ejercicio dependa de una autorización, licencia, o habilitación del poder público se aplicará, además, inhabilitación de 5 a 15 años".
Además, establece que el Poder Ejecutivo "elaborará y actualizará periódicamente listados de precursores, sustancias o productos químicos que, por sus características o componentes, puedan servir de base o ser utilizados en la elaboración de estupefacientes.
Por otra parte, esta semana la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) presentó un análisis de las causas por drogas iniciadas en la Justicia Federal durante el año pasado y destacó que "recientemente la comunidad internacional señaló la necesidad de intensificar los esfuerzos en la persecución respecto del tráfico de estupefacientes y la criminalidad organizada con medidas y leyes más eficaces" y sugiere que "los recursos del sistema penal deben orientarse hacia la narcocriminalidad y sus vínculos existentes con otras actividades delictivas, como el lavado de dinero, la corrupción y el desvío de precursores químicos".
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