Pese a la amenaza, el veto sigue siendo primera opción

Cristina de Kirchner camina en los jardines de Olivos con Aníbal Fernández y Florencio Randazzo al encuentro de los gobernadores afines. Minutos después lanzaría la idea de derogar el impuesto al cheque.

«En el corto plazo, la única alternativa política y fiscalmente viable que analiza el Gobierno sobre el impuesto al cheque es el veto». Este dictamen sintetiza las intenciones del Ejecutivo si el Congreso llegara a aprobar un nuevo reparto de los fondos.

El anuncio da para la polémica por la imposibilidad de derogar este tributo a los débitos y créditos bancarios. En el corto y mediano plazo, sería imposible recaudar los aproximadamente $ 24.000 millones que aportaría este tributo durante todo 2010. Las alternativas que se estudian para cubrir un eventual desmantelamiento de esta fuente de ingresos son tres: gravar la renta financiera, las transferencias de bienes o la herencia. Sumando los tres potenciales nuevos impuestos, los recursos que obtendría el Gobierno no alcanzarían para recaudar el 50% de lo que se recibe por el impuesto al cheque; con lo cual en cualquier circunstancia, concretar la amenaza presidencial generaría un bache fiscal que jamás buscaría un Gobierno en sus dos últimos años.

Cerca del Gobierno hay más argumentos para no abonar la idea presidencial. Funcionarios que estudiaron la alternativa consideran que una rebaja o eliminación del impuesto redundaría en una transferencia anual de esos $ 24.000 millones a sectores de la economía privada con alta sofisticación en cuanto a la operatoria en el sistema financiero. Serían rubros con buen nivel de rentabilidad, que hoy se ven afectados por la aplicación del impuesto al cheque y que recibirían gran parte del dinero liberado por el Gobierno. Se habla de cinco sectores puntuales, los super e hipermercados, terminales automotrices, bancos y compañías financieras, cadenas de comercio y venta de electrodomésticos y grandes contratistas y proveedores del Estado. En todos estos casos, habría altos niveles de ganancias, que se verían además beneficiadas por la liberación del dinero que se recauda por el tributo a derogar. Se insiste, según esta versión, en que sólo una parte mínima de esos recursos es aportada por pequeños y medianos contribuyentes, con lo que el efecto redistribución de dinero sería efímero. En algunos despachos se está estudiando transmitir el efecto de aumento de la bancarización que surgiría de la eliminación del impuesto al cheque. El resultado de este análisis sería enviado a Olivos para la evaluación presidencial.

Ante este panorama, la alternativa más viable continúa siendo el veto total de cualquier ley que avance en el Congreso y que amplíe los fondos del tributo que llegan a las provincias. Para el Gobierno, la oposición no cuenta con los dos tercios de los votos que se necesitarían para dar marcha atrás con un eventual veto presidencial; con lo que la vigencia del tributo al cheque continuaría inalterable durante este año. El único problema estaría cuando en setiembre u octubre se debata en el Congreso el nuevo Presupuesto para 2011. Para ese momento hay una idea en estudio. Volver a los tiempos de Raúl Alfonsín, no aprobar el Presupuesto y trabajar con el esquema fiscal vigente en este 2010.