Tras la preocupación del Gobierno por declaraciones difusas en diversas causas en especial, en el expediente por la desaparición de Santiago Maldonado-, el radicalismo presentó un proyecto de ley para modificar el Código Penal y aumentar penas para los casos de falso testimonio
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La iniciativa del mendocino Luis Petri impone de uno a cinco años de presión al testigo, perito o intérprete que afirmara una falsedad o negara o callara la verdad, en todo o en parte, en su declaración, informe, traducción o interpretación, hecha ante la autoridad competente.
Petri argumenta que "en los últimos tiempos, la sociedad argentina viene contemplando como un hecho reiterado el falso testimonio en diversos niveles, sin que se advierta la existencia de la necesaria reacción punitiva que ponga un coto a dicha ilicitud", y desataca que el incremento en la pena se "relaciona con la especial protección que debe otorgársele a los delitos que se cometen contra la administración pública, contribuyendo al correcto funcionamiento de la misma".
En la actualidad, la pena mínima es de un mes pasaría a un año si el proyecto se sanciona-, y la máxima cambiará de cuatro a cinco años. Además, y en caso de que el falso testimonio se cometiere en una causa criminal -en perjuicio del inculpado-, la pena será de tres a diez años de reclusión o prisión.
Según Petri, "la experiencia cotidiana demuestra que existen múltiples casos de reticencias de los ciudadanos a colaborar con la Justicia en determinadas causas penales, o bien testigos que concurren a los estrados judiciales falseando su declaración", lo que "conlleva con frecuencia a no poder contar con declaraciones y testimonios valiosos y esclarecedores en estos procesos".
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