Plan antipiquetes: provincias ponen en duda efectividad

Patricia Bullrich

 Un combo integrado por ministros del interior del país y organismos de Derechos Humanos relativizaron ayer la efectividad del nuevo manual antipiquete avalado el miércoles último por la mayoría de los distritos (excepto La Rioja, Neuquén, Chaco y Santa Cruz) y el Ministerio de Seguridad de la Nación. Su titular, Patricia Bullrich, clarificó el objetivo del nuevo protocolo en las últimas horas: "Les daremos cinco o diez minutos -a los manifestantes-, se les pedirá por favor que se retiren por las buenas y que hagan la manifestación en otro lado. Si no se van, los sacamos".

Una de las provincias que avaló el protocolo fue Santa Fe. No obstante, tras las declaraciones de Bullrich de ayer, el titular de la cartera provincial, Maximiliano Pullaro, puso reparos a la aplicación del manual en cuestión. "Coincidimos en términos generales que no se puede obstruir una arteria o una ruta, pero no coincidimos con que si en cinco minutos no se desaloja, se mande a la fuerza de seguridad".

Después de la reunión que encabezó Bullrich del Consejo de Seguridad Interior (CSI) en Bariloche, un ministro de seguridad provincial confió a Ámbito Nacional que "entre que se corrobora el delito y la flagrancia y se comunica a los fiscales intervinientes, van a pasar una o dos horas, como mínimo".

Otros distritos cuestionaron la "supuesta" adhesión al protocolo. Por caso, Río Negro, anfitrión de la cumbre del CSI, dejó en claro que el manual "no requiere aprobación de las provincias". En ese sentido, el titular de la cartera de Seguridad dijo que ya cuentan con sus propios códigos de procedimientos para cortes y piquetes.

En la misma dirección fue Pullaro. "Cada una de las provincias va a tener un protocolo de actuación, y Santa Fe lo venía consensuando con el Ministerio Público de la Acusación y con diferentes actores que trabajan en este tipo de manifestaciones", explicó el funcionario.

La supuesta adhesión o no al protocolo se mezcló también con el aval a la declaración de emergencia en seguridad pública. La mayoría aceptó esa situación, aunque distritos como La Rioja, Chaco y Santa Cruz pidieron tiempo para tomar una decisión definitiva, al igual que con el manual antipiquete.

"En esas tres provincias hay continuidad en la gestión (el poder sigue en manos del Frente para la Victoria, pero con otros gobernadores) y me imagino que tienen una pregunta fundamental a contestar. ¿Adhieren a la emergencia y reconocen que en los últimos años no hicieron nada en sus provincias, o quedan por fuera de lo planteado en la mayoría del país?", confió a este diario otro ministro de seguridad provincial.

Anoche, el secretario de Seguridad de la Nación, Alejandro Burzaco, aseguró que "lo que estamos haciendo es volver a respetar la ley; nadie actuaba y nada pasaba", y agregó que "tuvimos un apoyo muy grande de casi todas las provincias, 20 de 24", porque "era necesario equilibrar el derecho a manifestarse con el derecho a circular libremente".

En tanto, en otros distritos, los intendentes rechazaron la oposición de los gobernadores. En Neuquén, el intendente capitalino, Horacio "Pechi" Quiroga (aliado a Cambiemos) criticó al mandatario provincial Omar Gutiérrez por "no adherir al protocolo que para intervenir en cortes de ruta o calles".

Por otra parte, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) cuestionó la resolución para limitar las manifestaciones, ya que "limita de manera inconstitucional el derecho a la protesta" y a la vez "amplía las facultades policiales para reprimir y criminalizar la protesta social". En cuanto al método para desalojar, el manual dice que "las fuerzas federales y provinciales dictarán protocolos específicos operativos sobre el personal y el uso mínimo y racional de la fuerza y el uso de armas no letales".

"Si nos quieren pegar que nos peguen, pero la Plaza -de Mayo- no se la dejamos a -Mauricio- Macri el 10 de diciembre y no la vamos a dejar ahora", advirtió la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, tras un altercado ayer con la Policía, que intentó frenar la marcha habitual -e instalación de una carpa- de todos los jueves.

Caso aparte corre para Mendoza, único distrito donde no marchó Tupac Amaru para pedir la liberación de Milagro Sala: el subsecretario de Justicia y Relaciones Institucionales, Marcelo D'Agostino, resaltó que "es la única provincia donde se ha imputado a personas que durante una protesta han cometido un delito".