El voto del ministro decano de la corte, Celso de Mello, se definió a favor de acatar las apelaciones presentados por los condenados y rompió con el empate que estaba vigente desde el viernes pasado, cuando cinco jueces se manifestaron a favor y otros cinco en contra de la revisación de las sentencias.
La decisión favorece a cuatro exponentes del oficialismo: el exministro del Gabinete Civil de la Presidencia de Lula, José Dirceu; el expresidente y el extesorero del PT, José Genoíno y Delubio Soares, respectivamente; y el expresidente de la Cámara baja, Joao Paulo Cunha.
"Si bien es cierto que el Tribunal Supremo es por excelencia un espacio de protección y defensa de las libertades fundamentales, no puede ser expuesto a las presiones externas, como resultado de la protesta pública y la presión de las multitudes, y subvertir el régimen los derechos constitucionales y las garantías individuales", afirmó De Mello al comunicar su voto. Los beneficiarios de la nueva resolución tendrán derecho a que se revisen las condenas que les fueron aplicadas sin que hubiera unanimidad entre los ministros del STF y con al menos cuatro votos a su favor.
Condenado a diez años y diez meses de prisión en régimen cerrado, Dirceu, el exhombre fuerte de Lula y considerado por la Fiscalía como la "cabeza" del esquema de corrupción, podrá ver reducida la pena y cumplir la prisión en régimen semiabierto. La semana pasada había insistido en que el primer juicio -que duró más de tres meses- había sido una farsa y que él fue condenado sin pruebas directas. "Soy un representante del odio y la envidia que las elites tienen a Lula y al PT", aseguró.
Los otros emblemáticos dirigentes del oficialismo también podrán contar, eventualmente, con beneficios similares, una vez realizado el nuevo juicio, que podría arrastrarse por casi un año, según juristas.
La polémica en el seno del STF respecto de la pertinencia del acatamiento de los recursos radicaba en que la posibilidad de aceptarlos está prevista en el artículo 333 del reglamento interno del órgano judicial, pero no consta en la Ley 8.038/1990, que regula las acciones de la suprema corte brasileña.
El nuevo juicio para los reos beneficiados comenzará a tramitarse a partir de que se publique el documento que resume todo lo decidido hasta el momento en el "mensalão", cuya primera etapa fue concluida el año pasado con el dictamen de las penas.
Pasos
Tras la publicación, los condenados tendrán 15 días para presentar los recursos aceptados ayer. Paralelamente, el Supremo elegirá un nuevo relator del caso, quien recibirá las presentaciones y deberá aguardar a que el presidente del STF, Joaquim Barbosa -quien votó en contra de la aceptación de las apelaciones- agende la sesión para el nuevo juicio.
El fallo fue visto como una victoria para los dirigentes petistas pero se podría suponer un fuerte golpe para la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, quien construyó gran parte de su popularidad entre la ciudadanía a partir de su fuerte discurso anticorrupción
Según una encuesta realizada por Datafolha, el 55% de los brasileños está en contra de la realización de un nuevo proceso judicial contra la cúpula del oficialismo y el 70% dijo que deseaba prisión inmediata para los condenados.
La aceptación de las apelaciones también podría generar una crisis de credibilidad en el STF luego de que se transformara, a los ojos de los ciudadanos, en la única institución comprometida en luchar contra la impunidad tras la realización del "mensalao", considerado un hito en una nación notoriamente tolerante con la corrupción de su clase política.
La votación del miércoles extenderá además el juicio hasta 2014, un año electoral, prolongando un escándalo que afectó la imagen del PT. Eso podrían ser malas noticias para Rousseff, que se espera que busque la reelección.
En tanto, unas 40 personas protestaron contra el voto de De Mello en la Plaza de los Tres Poderes de Brasilia, montando jaulas que encerraban a fotos de los acusados en trajes de presidiarios.
| Agencias ANSA, DPA y Reuters, y Ámbito Financiero |
Dejá tu comentario