El sistema de acarreo de vehículos situados en la vía pública esconde un mundo oscuro. Según una denuncia emitida por la Defensoría del Pueblo porteña se realiza transgrediendo las normas y violando el derecho de propiedad de los ciudadanos. Además, el dinero recaudado no ingresa a las arcas del fisco de la Ciudad de Buenos Aires. Y como si fuera poco, el sistema está ejecutado con licencia vencida hace más de una década.
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Los números dados a conocer por Diario Popular indican que cerca de 1.000 autos son acarreados, con una recaudación promedio de $ 350 mil, suma que mensualmente supera los $ 10 millones. De ese gigantesco monto, apenas el 1% llega a la Ciudad para el pago de salarios u obras públicas.
Además, se denunció que las dos empresas privadas encargadas del acarreo son Dakota SZ y BRD SAICFI, las cuales "trabajan con la licitación vencida". La empresas, que se dividen las tareas del micro y el macrocentro a partir de la calle Viamonte, recibieron "polémicas y cuestionadas prórrogas para seguir operando" dentro de un sistema que fue privatizado en 1990. Los gastos que se deben afrontar son de base $ 350 para poder retirar el vehículo de la playa de estacionamiento donde es depositado. Se suma luego la multa por mal estacionamiento, que llega al domicilio del propietario.