Portuarios, más complicados en causa judicial

La situación judicial del dirigente portuario Francisco «Pancho» Montiel se agravó en la causa en la que se investigan presuntas amenazas coactivas, defraudación a la administración pública y exacciones ilegales a raíz de una supuesta maniobra para obtener beneficios de extrabajadores del Puerto de Buenos Aires a cambio de jubilarse anticipadamente. La Cámara Federal porteña ratificó la ampliación de los procesamientos que había dictado en el expediente el juez subrogante Marcelo Martínez de Giorgi. La causa espera su elevación a juicio oral y público, pedida por el fiscal Carlos Rívolo a fin del año pasado.

Se trata de un sumario que tiene como principal imputado a Montiel, líder del Movimiento Estibadores Portuarios de Pie. También están acusados su mujer, Ana Dolores Gorría; sus colegas de la agrupación Isidro Bernabé Naranjo y Hugo Esteban Escalada, la exgerente de la Administración General de Puertos Silvia Quinteros y los asesores previsionales Héctor Randazzo y Jorge Horacio Díaz.

La Sala I del tribunal, integrada por Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah validó la ampliación de los procesamientos ordenados por el magistrado, pero anuló los embargos que había fijado en la primera instancia. De este modo quedó incorporada a las acusaciones formales la de «extorsión de documentos», que prevé penas de entre 5 y 10 años de prisión a quien «con intimidación o simulando autoridad pública o falsa orden de la misma» obligue a una persona a «suscribir o destruir documentos de obligación o de crédito».

La maniobra investigada gira en torno a la supuesta presión ejercida por Montiel y sus colaboradores sobre los trabajadores portuarios que en la década del 90 fueron despedidos sin indemnización durante la privatización de las terminales, y que desde entonces reclamaron ser incorporados a los beneficios de la jubilación anticipada. Al momento de los procesamientos, el juez Martínez de Giorgi dio por acreditado que los portuarios habrían sido obligados a firmar pagarés a favor de los acusados a cambio de ser incorporados a las listas de los futuros beneficiarios de los pagos previsionales.

El expediente se inició en 2007 por una denuncia de presunta extorsión y amenazas. Montiel encabezó por años las protestas de portuarios que reclamaban poder jubilarse luego de haber quedado sin trabajo por la privatización de las terminales dispuesta por el Gobierno de Carlos Menem. En 2004, un decreto del entonces presidente, Néstor Kirchner, les facilitó el pase a retiro a los portuarios de las firmas Ferroport e Intefema que no habían alcanzado a cumplir con sus años de aportes. Pero Montiel reclamó por los que dependían de la firma Encogar, que habían quedado afuera.

Los camaristas recordaron que la investigación se basó en «una serie de irregularidades cometidas en el trámite de jubilación o reajuste de extrabajadores portuarios cometidas por algunos integrantes de la agrupación» de Montiel «en connivencia con funcionarios estatales y gestores previsionales». Agregaron que las supuestas irregularidades pasaban por «la exigencia, a través de engaños o intimidaciones, de sumas de dinero a los trabajadores a cambio de obtener la certificación de servicios que se requería para el caso».