Preocupan a empresarios nuevos jueces moyanistas

La preocupación entre empresarios por el avance del sindicalismo en la Justicia aumenta, y ya se da conocer a pública y claramente. Ayer, en una reunión del denominado G-6 (que agrupa a los máximos representantes de la industria, el comercio, el campo, la construcción y los bancos) el tema central de discusión fueron las polémicas designaciones de jueces vinculados al jefe de la CGT, Hugo Moyano, en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

Como anticipó este diario hace dos semanas, los decretos de Cristina de Kirchner con el nombramiento de magistrados muy cercanos al líder gremial y cuestionados en el Senado (entre ellos la de Graciela Lucía Craig, esposa de Héctor Recalde), generó fuerte temor entre los hombres de negocios porque sospechan arbitrariedad en los fallos. Pero recién ayer, en un comunicado consensuado, esa preocupación se dio a conocer oficialmente.

Los presidentes de la Unión Industrial Argentina, Héctor Méndez; de la Cámara Argentina de Comercio, Carlos de la Vega; de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner; de la Asociación de Bancos Argentinos Jorge Brito; de la Sociedad Rural Argentina, Hugo Biolcati, y de la Bolsa de Comercio Adelmo Gabbi, aseguraron en el escrito que ven «con marcada preocupación las designaciones en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. No se trata de cuestionar la formación académica ni la carrera judicial, posiblemente intachable de los magistrados que se promueven. Se trata de subrayar que es una de las bases de la equidad y la igualdad ante la ley que quienes deban juzgar los actos de los ciudadanos sean claramente independientes de las partes que eventualmente litiguen. Se trata nada menos que de jueces de la Nación, que deben garantizar el imperio de la ley y no la voluntad de un sector de la sociedad».

Las críticas de los empresarios a los nombramientos fueron directas. Textualmente, explicaron en el comunicado difundido:

Nos preocupa que exponentes de posiciones contrapuestas, sean juez y parte en las decisiones finales que, de esta manera -aun en el caso que fuesen justas e irreprochables- quedarán heridas por la duda de la parcialidad, dañando el imprescindible clima de confianza en la Justicia que todos debemos defender.

Nos corresponde, como hemos hecho en otras oportunidades, llamar la atención acerca de lo perjudicial que es para superar este clima que nos preocupa, y preocupa a la señora Presidente, promover a quienes tienen posición tomada frente a temas como la participación de los trabajadores, la legislación sobre accidentes de trabajo, e incluso la metodología de protesta, cuando inexorablemente deberán pronunciarse, ya en su carácter de magistrados del fuero, acerca de estos mismos temas, fallar en conflictos y pronunciarse ante disputa de intereses.

Esta actitud parece enrolarse en una escalada más del método de acción directa, por el cual se llevan a cabo intimidaciones y actos de violencia, como medio para obtener objetivos particulares, vulnerando la ley y el derecho de personas, sindicatos y empresas.

Los empresarios se quejaron también de las expresiones de dirigentes de algunos sectores sindicales que «hacen públicas, con inusual anticipación, lo que serían sus pretensiones salariales en futuras paritarias, mencionando aumentos de una magnitud que no se compadece con la realidad». Entre esos reclamos hubo pedidos de hasta un 35% de incremento. La referencia a la preocupación de la Presidente sobre estos temas se da porque el martes desde Santa Fe, Cristina de Kirchner advirtió que los trabajadores «van a ser los primeros perjudicados» si la conflictividad gremial afecta la marcha de la economía.