Prepagas prevén pérdidas

«En agosto, todas las prepagas van a perder entre un 3% y un 4% sobre lo que facturen». Uno de los principales empresarios del sector adelantó a este diario cuál será el balance para la medicina privada.

Esto se produce a semanas -según fuentes del Ministerio de Salud- de que se reglamente la Ley de Medicina Privada, que en su momento fuera duramente cuestionada por los empresarios. De acuerdo con las versiones que circulan, la cartera que encabeza Juan Manzur podría suavizar con la reglamentación algunos de los aspectos más polémicos de la ley.

Las empresas insisten en que están siendo tratadas injustamente en relación con las obras sociales sindicales: en lo que va del año, el Gobierno autorizó una suba del 9,5% en las cuotas de las prepagas, pero no puso límite alguno en lo que perciben los gremios; dado que muchas paritarias se cerraron con aumentos de hasta un 30%, las cuotas sindicales aumentaron en la misma proporción.

Por ahora no hay aumentos en el horizonte para los clientes de la medicina privada: en la actualidad, el sistema cuenta con unos 4,5 millones de personas que atienden su salud a través de prepagas; de ellos, 60% son «desregulados», o sea personas cuyo sindicato tiene un convenio con una empresa para atender a sus afiliados. Sólo un 40% paga sus cuotas directamente.

«Recibimos pocas o casi ninguna queja de ese sector cuando aplicamos los ajustes aprobados por el Gobierno», asegura otro empresario del rubro. «Nunca tuvimos una sola baja de afiliación por aumentos de cuotas».

Las clínicas y sanatorios que atienden a clientes del sistema privado también lo hacen con los de obras sociales, lo que lleva el total de sus pacientes a 22 millones de personas; el resto (o sea, casi la mitad de la población argentina) acude a los hospitales públicos. En la estructura de costos de las prepagas, el 80% es en gastos de personal (propio y profesionales de la cartilla).

En las reuniones que están manteniendo con el equipo de Manzur, los empresarios del sector vuelven a aducir lo mismo que expusieron cuando se discutió la ley en el Congreso: admitir a un paciente con una enfermedad preexistente es injusto para los que vienen pagando sus cuotas desde hace años, que deberán subvencionarlo (pedirán que el Estado coopere en esos casos).