El informe, redactado por el diputado Jovair Arantes, quien actúa como instructor de la Comisión Especial de la Cámara baja, supone el primer escalón de un proceso que definirá si Rousseff responderá a un juicio político en el Senado.
"Como la denuncia contiene todas las condiciones jurídicas y políticas necesarias para su admisión, concluye el instructor por la aceptación jurídica y política de la acusación y por la consecuente autorización para la instauración, en el Senado, del proceso por crimen de responsabilidad", fundamentó Arantes su postura adversa a la mandataria.
Las acusaciones formuladas por la oposición dicen que Rousseff incurrió en maniobras contables para maquillar los resultados del Gobierno en 2014 y 2015, modificar presupuestos mediante decretos y acumular deudas y contratar créditos con la banca pública, pese a que la legislación lo prohíbe (ver aparte). Todo eso, según la parte acusadora, constituye un "crimen de responsabilidad", que la Constitución brasileña contempla entre las causas que pueden llevar a la destitución de un mandatario.
El Gobierno rechaza ese argumento tajantemente y tanto Rousseff como sus seguidores repiten que un proceso con miras a su destitución en ausencia de una verdadera irregularidad es un golpe de Estado.
El instructor, por su parte, insistió ayer en que "un proceso de 'impeachment' no es un golpe de Estado", pues es realizado por el Congreso de acuerdo con las normas establecidas en la Constitución y ratificadas en diciembre pasado por el Supremo Tribunal Federal.
"Ante todas las consideraciones jurídicas y políticas, estoy convencido de que las conductas atribuidas a la Presidenta, si confirmadas, no representan actos de poca gravedad o de simple tecnicismo contable, presupuestario o financiero", aseguró.
Por el contrario, agregó, "tales actos revelan serios indicios de gravísimos y sistemáticos atentados a diversos principios importantes de la Constitución", entre los que citó el control parlamentario de las cuentas públicas, la responsabilidad con el equilibrio fiscal y el buen uso de los recursos públicos.
Tras la presentación de Arantes, los 65 miembros de la comisión tendrán otras dos sesiones para debates y el próximo lunes 11, según el calendario establecido, deberán votar el informe. Según sondeos de los medios, hay allí una mayoría favorable al "impeachment".
Si la comisión respalda por mayoría simple el informe, tomará la palabra el pleno de la Cámara de Diputados, en el que la oposición necesitará de una mayoría calificada de 342 votos, sobre un total de 513, para aprobarlo.
En caso de que reciba el visto bueno de todos los diputados, algo que podría ocurrir entre el viernes 15 y el lunes 18, el informe seguirá al Senado, cuyos miembros decidirán por mayoría simple si se debe iniciar un juicio político en esa cámara legislativa. En tal caso, Rousseff quedaría automáticamente suspendida por 180 días y sería reemplazada por el vicepresidente, Michel Temer.
El partido de Temer, el del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), la semana pasada decidió romper con el Gobierno.
Sin embargo, las cosas no son fáciles para él. Un juez del STF ordenó el martes a la Cámara baja iniciar el trámite con miras a un proceso que puede llevar a Temer a un juicio político similar, apoyado en que, en su condición de vicepresidente, firmó algunos decretos similares a los que sustentan la acusación contra Rousseff.
El presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, anunció que apelará esa decisión, que seguramente acabará siendo analizada por el pleno de la alta corte, integrado por once magistrados.
| Agencias EFE, AFP, Reuters y Brasil247, y Ámbito Financiero |
Dejá tu comentario