Presentan el nuevo régimen de “compre nacional” estatal

Juan Carlos Fábregas (presidente del Banco Nación), Juan Manuel Abal Medina (jefe de Gabinete) y Hernán Lorenzino (ministro de Economía) explican el nuevo régimen de «compre nacional».

Tres altos funcionarios del Gobierno explicaron ayer cómo funcionará el denominado Régimen General de Compras y Contrataciones del Estado, que centraliza en entidades y empresas oficiales la provisión de bienes y servicios destinados al sector público.

Quienes presentaron en sociedad el régimen fueron el jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, y el presidente del Banco Nación Juan Carlos Fábregas, en el marco de un seminario que se realizó en la sede central de la entidad financiera estatal.

El nuevo «compre nacional» fue sancionado la semana pasada por el Ejecutivo mediando dos decretos (el 1187 y el 1191), que obliga a los organismos del Estado a: 

Utilizar combustibles de YPF. 

Comprar pasajes de Aerolíneas Argentinas y Austral para los viajes oficiales, tanto para vuelos internacionales como de cabotaje, para los destinos a los que lleguen las aéreas reestatizadas. 

Los salarios de todos los empleados públicos se abonarán a través del Banco Nación; los convenios firmados con bancos privados caducarán a su vencimiento y no serán renovados. 

La adquisición de vehículos se hará a través de Leasing Nación, subsidiaria del banco oficial. 

Se centralizará en la Jefatura de Gabinete la contratación de telefonía celular y de transferencia de datos para todo el Estado nacional, buscando así el mejor precio posible. 

Se incorporarán a «monotributistas sociales» como proveedores del Estado, y se buscará la «sustentabilidad social y ambiental, la simplificación de los procedimientos y la actualización de montos o la prevención de prácticas anticompetitivas», según explicaron ayer los funcionarios.

La norma prevé que los contratos de servicios vigentes celebrados con entidades privadas deberán cumplirse hasta su finalización, pero no podrán ser renovados.

También se impulsarán «mecanismos simplificados» para la actualización de montos, la regulación de las garantías de impugnación, prevención de prácticas anticompetitivas, pautas anticorrupción y mejora de oportunidades para acceder a la contratación interadministrativa.

Abal Medina explicó que «administrar bien es una obligación», y agregó que «las políticas que se implementen en materia de contrataciones públicas deben ser comprensivas de modalidades con las que los organismos estatales puedan cumplir con más eficacia y economía sus objetivos».