Presión en Diputados para corregir ya ley antilavado

Federico Pinedo, José Sbatella, Mercedes Marcó del Pont

La necesidad de hacer funcionar el Congreso ya no es sólo una cuestión del Gobierno, que en el Senado apura como sea la votación del acuerdo a Mercedes Marcó del Pont para otros cinco años en el Banco Central. Buena parte del sector financiero, abogados, contadores, autopartistas, compañías de seguros y hasta sociedades de Bolsa están al borde de la desesperación pidiendo que se apruebe cuanto antes la norma correctiva de la ley antievasión que el Congreso sancionó hace 10 días para evitar que la Argentina fuera sancionada en la reunión del GAFI que comienza en México la próxima semana.

El problema comenzó en Diputados, cuando se aprobó a las corridas la ley antilavado, quedando en el texto errores que complican la responsabilidad de contadores y abogados. En la ley se pensó originalmente que los contadores serían responsables y obligados en tanto actuaran como síndicos y los abogados cuando lo hicieran más allá de su función de defensores. Pero finalmente en la ley quedaron alcanzados como sujetos obligados por todas sus actividades, lo que virtualmente los paraliza, al llevarlos a la responsabilidad de denunciar hasta la mera tenencia de fondos que administran normalmente de sus clientes.

Esto es lo que contiene, entre otros puntos, la ley correctiva que ya votó el Senado y ahora apura Diputados. La nueva ley antilavado establece obligaciones que son casi imposibles de cumplir, y de hecho esa ley complementaria no es la única norma pensada para corregir los errores de la original: hace una semana el macrista Federico Pinedo y Gustavo Ferrari, de De Narváez, presentaron otro proyecto para aliviar el peso de la ley sobre las empresas de transferencia de dinero, que con la norma prácticamente quedaban fuera de operación.

Las compañías de seguros tampoco quedaron afuera. Ayer, Francisco Astelarra, que representa a esas empresas, volvió a exigir que Diputados votara la correctiva cuanto antes. El pedido incluye a todos los sujetos obligados que se listaron en la nueva ley antilavado: contadores, escribanos, sociedades de Bolsa, agentes de mercado abierto, bancos, aseguradoras y empresarios del mercado del arte, entre otros.

«Esta ley correctiva debe ser tratada a la mayor brevedad en la Cámara de Diputados para aclarar los alcances de la gestión de cada uno de estos sectores», dijo Astelarra.

Al mismo tiempo, también existen protestas por la reglamentación a la ley antilavado. El tema será debatido en la próxima reunión del Grupo de los 6, donde participan la UIA, la Cámara de la Construcción, la Sociedad Rural, la Bolsa de Comercio, la Cámara de Comercio y ADEBA.

En la reglamentación de la nueva ley antilavado, el jefe de la UIF avanza en sus funciones más allá inclusive de lo acostumbrado en los Estados Unidos y Europa. Empresarios, bancos y profesionales temen que el afán por alejarse de las presiones sobre la UIF que se generaron con el caso Schoklender, lleve a José Sbatella a ampliar el radio de acción.