Presión K para controlar peritos en Magistratura

Héctor Recalde y Luis María Cabral

 El oficialismo intentará esta semana avanzar sobre el cuerpo de auditores internos del Consejo de la Magistratura. Se trata de una oficina estratégica ya que supervisa los actos administrativos del cuerpo colegiado. Actualmente está bajo la órbita de la UCR. Meses atrás, el kirchnerismo ya desplazó al administrador general del Poder Judicial án Krie-

guer, hombre cercano a la Corte Suprema cuyo lugar fue ocupado por Claudio Cholakián, integrante de la corriente Justicia Legítima.

La contienda por el cuerpo de auditores se iba a definir la semana pasada, pero el bloque de la oposición en la Magistratura dejó sin quorum al plenario, situación que fue posible gracias a que el diputado oficialistaHéctor Recalde se encontraba fuera del país. Sin embargo, el diputado vuelve hoy y eso le da a su bloque la llave para imponer mayoría simple y remover a Pablo Meydac de la jefatura del cuerpo de auditores.

En las últimas semanas el Consejo registra debates de toque administrativo. La camarista Gabriela Vázquez, titular del organismo, propuso finalizar la vinculación de la Magistratura con el Arzobispado chaqueño. Esto se da a partir de que esta última institución ostenta en comodato un predio en los tribunales de Comodoro Py. Se trata de un estacionamiento cuya concesión nunca implicó ingresos a la Magistratura. Ahora Vázquez pretende dar marcha atrás con ese acuerdo que se firmó en 2013.

Semanas atrás la jueza manifestó su indignación cuando comentó que el organismo que preside ó una nota donde el Arzobispado de Chaco, a través de su represen-

tante,queja porque no hay más seguridad privada custodiando el previo, ya que dice que las ganancias son insignificantes".

Al respecto, Vázquez apreció: "Dice que podrían ocurrir actos vandálicos, espero que eso no sea una amenaza en relación con los automotores del Poder Judicial de jueces y fiscales que estén estacionados allí.

Al mismo tiempo, hace tres semanas se reconfiguró todo el régimen de contrataciones de la Magistratura. Se estableció un sistema más agil, con soporte informático y que brinda los pliegos de licitaciones del Poder Judicial sin cargo a quien los requiere. Justamente, ésta fue la única iniciativa de peso que en los últimos meses logró adhesiones tanto por parte del bloque oficialista como del opositor.

A la puja por el cuerpo de auditores se podría sumar en breve un nuevo frente por la jefatura de la Escuela Judicial, hoy a cargo de Claudia Levin, funcionaria cercana a la Corte. Estos conflictos, en apa-

riencia menores, inciden en la negociación permanente que el oficialismo esgrime para lograr dejar la admi-nistración con una serie de designaciones en tribunales clave como la Casación Penal federal o la Cámara que supervisa a todos los juzgados de primera instancia en Comodoro Py. La polémica generada por la emoción del juez Luis Cabral de la Casación implica que los canales para lograr eventuales acuerdos sean más difícil de articular. Cabral es uno de los principales promotores en el Consejo de no facilitar los dos votos que el oficialismo requiere para impulsar concursos. Esto lleva al kirchnerismo a esbozar posibles acuerdos o bien con la abogada Adriana Donato o con el juez Leónidas Moldes, aunque esto hasta el momento ha sucedido en contadas ocasiones.