Presupuesto 2018 ya es poco creíble

era clave. Un día después de que Macri lanzara el paquete de reformas, este diario advirtió que la previsional era la clave de todo lo anunciado.

Tras varios años de oscurantismo presupuestario donde la llamada "ley de leyes" perdió toda utilidad y credibilidad, el advenimiento de Cambiemos prometía recuperar esta herramienta, vital, para la formación de expectativas del sector privado. Así la nueva coalición gobernante comenzó su primer año de administración con un presupuesto heredado para luego en 2016 elaborar su primer plan de gestión propio cumpliendo con los plazos normativos y siendo mucho más prolijos y transparentes.

Tras la fiesta del gasto pre-electoral, dentro de los parámetros fiscales comprometidos, y valiéndose de ajustar el gasto en subsidios económicos para potenciar el gasto social y en obra pública, los últimos datos presupuestarios inyectaron cierta dosis de tranquilidad en cuanto a la expansión del gasto público. Sin embargo, una semana atrás el mercado se despertó con un DNU (1013/17) que dispuso una ampliación presupuestaria de nada menos de $202.000 millones en el gasto público total ($124.000 millones de gasto primario y el resto incluye además del pago de más intereses, otros gastos). De modo que esta expansión del gasto primario sumada a la que ya se ha concretado en lo que va de 2017 eleva el gasto primario "presupuestado" de $2,117 billones a $2,298 billones. Mientras que el gasto público total presupuestado pasa de $2,364 billones a $2,622 billones. Vemos que el gasto primario aumenta en $181.000 millones y el total en $259.000 millones.

Por lo tanto, el gasto público total ya no crecerá 15% como lo estimaba el presupuesto 2017 sino que ya se incrementa (puede ser más aún ya que todavía quedan días para más ampliaciones presupuestarias) en más del 27%. Esto implica que al igual que el Gobierno anterior, gran parte (en este caso el 45%) del aumento del gasto público total lo decide discrecionalmente el PEN vía DNU y decisiones administrativas).

Si bien esto es relevante, mucho más importante es su impacto sobre el Presupuesto 2018 que está en el Congreso, entre los vagones del tren de los proyectos que empuja el Gobierno, y que aún no tiene dictamen de Comisión. Porque el Presupuesto 2018 contempla un incremento del gasto primario de poco más del 15% con relación al de 2017, y ahora con esta ampliación presupuestaria el aumento proyectado para el próximo año no debería superar el 9%. Dado que al ampliarse el gasto primario presupuestado para 2017 a $2,298 billones para poder cumplir con el gasto primario proyectado para el próximo año de casi $2,5 billones, la variación no puede mayor a los $200.000 millones. Sin duda resulta poco creíble que el gasto primario y el total crezcan 9% y 11% respectivamente en 2018.

Esto anticipa que el plan presupuestario de 2018 debería sufrir algunos ajustes durante su paso legislativo. De lo contrario carecerá de toda credibilidad y utilidad para la toma de decisiones privadas.

Ahora bien ¿para qué salió este DNU? En primer lugar para afrontar el mayor pago de intereses respecto al endeudamiento proyectado ($78.000 millones). Luego, otros $63.000 millones para prestaciones previsionales y demás planes sociales. Hay también $40.000 millones para las provincias, para cumplir el compromiso en pos de sacar las reformas, sobre todo la previsional. O sea, el nuevo plástico estaba ya preparado para pasarlo por el posnet legislativo, una vez que la previsional se aprobara. Como si fuera poco a la vez se amplió el monto de endeudamiento autorizado y otro para gastos con incidencia futura por $120.000 millones.

En este contexto queda en evidencia la imperiosa necesidad que tenía el gobierno de cambiar la ley de movilidad con miras a poder aspirar a cumplir con las metas fiscales de 2018.