El juez federal Sebastián Casanello finalmente sobreseyó ayer a la vicepresidenta Cristina de Kirchner en la causa por lavado de dinero en la que fue condenado el empresario Lázaro Báez, ante la falta de acusación de la fiscalía y las querellas, tal como era previsible. El magistrado lo resolvió luego de que la semana pasada el fiscal federal Guillermo Marijuan postulara el sobreseimiento de la exmandataria tras destacar que, después de 10 años de investigación, no se hallaron pruebas que la vincularan con el ilícito investigado. Había sido bautizada la causa “Ruta del dinero K”, sin que se hubieran acumulado pruebas en una década de que hubiese relación directa entre la participación de la expresidenta y las maniobras por las que Báez y su entorno fueron condenados tras un juicio oral.
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Previsible: Casanello puso punto final a “Ruta del dinero K” y sobreseyó a Cristina de Kirchner
Tras el pedido del fiscal Marijuan basado en inexistencia de pruebas en una década de investigación, y sin impulso de AFIP o UIF que compartían criterio, juez determinó que se encuentran “satisfechos” requisitos legales. También rechazó sumar a ONG macrista que quería mantener “vivo” expediente.
En una resolución de tres carillas, Casanello decretó el sobreseimiento de Fernández de Kirchner, “declarando que la formación del presente sumario no afecta el buen nombre y honor” de la Vicepresidenta, según surge del texto. “Frente a la solicitud del acusador y titular de la acción penal de sobreseer -acompañada por el resto de las agencias estatales- la tarea del juez se encuentra acotada a examinar los requisitos de razonabilidad y legalidad de la petición, que en el presente caso se hayan satisfechos”, concluyó el magistrado.
El 24 de mayo pasado Marijuan “retiró su acusación contra Cristina E. Fernández”, recordó Casanello y, frente a esta solicitud y tras ser consultadas las dos querellas, “ambas agencias compartieron la solución postulada”. Ante esto, Casanello evaluó que la fiscalía “ha arribado a una de las soluciones previstas en el ordenamiento legal a través de un razonamiento lógico derivado del examen de las constancias que obran en el expediente”.
Marijuan retiró su acusación a la Vicepresidenta, quien tenía falta de mérito en la causa, “tras recibir un informe confeccionado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) y confirmar, a partir de allí, un evento considerado por el dirimente: la reunión de finales de 2010 en la Quinta de Olivos, donde el empresario, al ser interrogado por la entonces presidenta, niega y oculta la expatriación ilegal de capitales que para ese entonces venía realizando”, citó Casanello en la resolución.
El fiscal, “tras considerar agotadas las medidas de prueba, dio un cierre a la investigación abierta hace siete años para dilucidar si la exmandataria había participado de las operaciones de lavado de dinero atribuidas en esta causa a Lázaro Báez y su entorno”.
En el dictamen con que había pedido el sobreseimiento de la Vicepresidenta, Marijuan había señalado: “Aún con la claridad de esa vinculación de Lázaro Báez con Cristina Fernández, habiendo transcurrido más de diez años, desde el inicio de este proceso penal y casi cinco años desde la declaración indagatoria de la nombrada en el marco de este expediente, no he logrado reunir elementos probatorios que me lleven a avanzar más allá del estado de sospecha que permitió” interrogarla.
Hubo detalles soslayados en el análisis divulgado del informe de la Dajudeco: Se presentó que existieron 372 comunicaciones entre el grupo de teléfonos relacionados con Báez y los de Cristina de Kirchner. Es cierto. Pero se omitió ponderar que los cruces registrados fueron entre 84 abonados telefónicos que incluían directivos jerárquicos de las empresas del Grupo Austral y un listado de funcionarios y secretarios privados. De manera directa, en casi tres años, de 2010 a 2013 se registraron solo 4 comunicaciones entre los teléfonos directos de Báez y de Kirchner. El resto se realizaron o bien desde y hacia la Quinta de Olivos o Casa de Gobierno con interlocutores que no se conocen, o a colaboradores y funcionarios. Es decir, solo cuatro comunicaciones directas a lo largo de tres años.
Hubo 23 comunicaciones con líneas de Casa de Gobierno, una con Olivos y el resto con secretarios privados. Si Báez podía comunicarse directo con Cristina de Kirchner -como se demostró que ocurrió- , ¿Por qué no habría repetido la mecánica en forma reiterada para sostener la relación “entrañable” que subrayó el fiscal? No se entiende. Una decena de llamados se dirigieron a Mariano Cabral -uno de los secretarios de la vicepresidenta-, 73 asignadas a la de Isidro Bounine, y 251 con líneas bajo el nombre de Pablo Barreiro.
El último viernes, en una entrevista televisiva, el fiscal Marijuan sostuvo que “no hay una prueba directa que se pueda citar respecto del manejo que le pudo haber cabido eventualmente a la expresidenta” con relación al manejo del dinero investigado. “Acá (en esta causa) se cuestionó que se sacaron del país sesenta millones de dólares que llegaron a Suiza y parte de ese dinero volvió a Argentina como aportes de capitales para Austral Construcciones (empresa de Báez). Lo que hay que demostrar es que la expresidenta tuvo algún tipo de relación con esa maniobra”, remarcó el fiscal al explicar por qué después de 10 años de investigación pidió el sobreseimiento de la vicepresidenta.
En otra resolución- emitida ayer- Casanello declaró “inadmisible” un planteo hecho por una asociación civil llamada “Bases” para ser querellante en la causa y poder así solicitar la nulidad del dictamen en el cual el fiscal se pronunció por el sobreseimiento de la Vicepresidenta por falta de pruebas. Era una movida relacionada con el macrismo para intentar inmiscuirse en el expediente y pese al rechazo inicial tener alguna chance en que la Cámara los acepte y puedan torcer el destino del expediente. El objetivo final parece inconfesable dado que esta vidriosa asociación jamas había intervenido en la causa.
La asociación invocada “no acompaña poder especial alguno ni acta de asamblea que exprese válidamente la voluntad de la asociación de presentarse como parte querellante en este proceso. Como se advierte a simple vista, el acta de asamblea adjuntada para justificar tal decisión nada dice en orden a esta presentación y registra una fecha de celebración -5 de mayo del corriente- que no se condice con su contenido”, señaló Casanello.
Por otra parte, el juez sostuvo que “la singularidad del planteo reside en que acontece a más de diez años de iniciado el trámite, en un momento donde el proceso ha quedado sin acusador y con un objetivo puntual: solicitar la nulidad del último dictamen fiscal”.
Días atrás, Marijuan opinó que detrás de esas asociaciones estaban exfuncionarios del gobierno de Mauricio Macri que querían mantener abierta la causa contra la expresidenta.
“La gente que hace el planteo jamás tuvo acceso a la causa. Me parece que atrás de todo esto están los exmiembros de la UIF (Mariano Federici y María Eugenia Talerico) que no tienen el coraje de presentarse. Se valen de una Asociación que es llamativo que en unos días haya podido conseguir fotocopias de 100 de cuerpos de expediente”, señaló el fiscal en diálogo con C5N.
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