22 de febrero 2016 - 00:35

PRO reúne a Magistratura para barrer remanente K de auditoría

• DEBUTA MAYORÍA ESPECIAL DE 8 CONSEJEROS.
• UCR RECUPERA TERRENO PERDIDO.
• DESAFÍOS HACIA EL FUTURO E INTRIGAS.

Pablo Tonelli, Daniel Angelici y Ernesto Sanz
Pablo Tonelli, Daniel Angelici y Ernesto Sanz
 El oficialismo organizará un plenario en el Consejo de la Magistratura para avanzar sobre la auditoría del Poder Judicial, organismo de control interno que en las semanas finales del kirchnerismo fue arrebatado al radicalismo. Se realizará el próximo jueves y será la primera oportunidad del PRO de hacer sentir su mayoría de ocho votos tras las incorporación del diputado Pablo Tonelli.

La saga judicial de cautelares y apelaciones que motivó la nominación del diputado tuvo un final positivo para el macrismo aunque también dejó asuntos internos. Daniel "Tano" Angelici aspiraba a que ese asiento fuera para el diputado Daniel Lipovetzky, cercano a su órbita, pero sobre el final el premio quedó para Tonelli. Un pequeño traspié para el gerente judicial del oficialismo que presume de haber revisado todas las designaciones de peso en la cartera de Justicia.

En el próximo plenario de la Magistratura el PRO aspira a reinstalar la lógica de que la auditoría interna del organismo queda en manos de radicales, particularmente identificados con Ernesto Sanz. Esa oficina quedó en manos de Ingrid Jorgensen, que trabajaba cerca del bloque kirchnerista aunque había tenido fuertes cruces escritos con Carlos Kunkel. Durante el pasado viernes desde el bloque peronista partieron cuestionamientos porque la discusión sobre la auditoría no se encontraba en el orden del día formulado por la Comisión de Labor. La respuesta fue la esperable: cuando el kirchnerismo gobernaba la práctica de discutir temas fuera de agenda era moneda corriente.

Más allá de los nombres, la problemática que afronta la auditoría es de procedimientos. El reglamento estipula que una vez por año el jefe de auditores (hasta fines de 2015 Jorge Meydac) debe presentar un plan con los puntos a auditar. Meydac lo formuló por última vez en 2008. Una falta de proactividad que pudo ser gracias al amparo de un sector de la UCR y de los jueces que integran el organismo.

Estas cuestiones no son gratuitas en un organismo que vive con sus cuentas al límite. La reforma del Consejo que diseña el Gobierno tiene en los aspectos financieros su principal desafío porque la matriz que regula el reparto de los recursos en el Poder Judicial (provenientes de la coparticipación) precisa de una revisión inexorable si se pretende abandonar la situación de escasez permanente.

El futuro de la auditoría vendría a ser como un primer globo de ensayo para la nueva mayoría del oficialismo. Los issues verdaderamente tangenciales son los concursos pendientes destinados a cubrir vacantes estratégicas en la Justicia federal.

Avalar los concursos precisa de una ingeniería que le otorgue al oficialismo nueve voluntades en el plenario. O sea, en una situación de frente sin fisuras necesitará un apoyo del grupo que integran el académico Jorge Candis, el diputado Héctor Recalde, los senadores Ruperto Godoy y Virginia García y la camarista Gabriela Vázquez. Por estos días los concursos que se conversan y que tienen alto hándicap son los destinados a cubrir vacantes en la Cámara Laboral que despierta interés en el empresariado y en la Cámara de Rosario, terreno siempre caliente por las causas relacionadas con el narcotráfico.

El acuerdo con el bloque opositor es inevitable, pero no sólo por el trámite de la Magistratura, sino por el más exigente tránsito por la Comisión de Acuerdos del Senado donde el peronismo debe aprobar a los candidatos que nomine el presidente.

Por cierto: en este sentido, ya circulan en el bloque peronista algunos comentarios negativos referidos al pliego del abogado Máximo Rusconi, a quien el Gobierno propone como fiscal general de la Casación Penal federal. Por ahora, se trata de objeciones vinculadas a ciertas conductas del letrado en sus incursiones a Comodoro Py. El verdadero problema llegará si en Marzo la junta interdisciplinaria convocada por la Justicia sostiene que Alberto Nisman fue asesinado. Se complicará así la situación del hacker Diego Lagomarsino, el cliente más célebre que tuviera Rusconi en los últimos tiempos.

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