Procesamientos en el caso Ferreyra

La investigación por el crimen del militante del Partido Obrero (PO) Mariano Ferreyra se encamina esta semana a una etapa de definiciones: la jueza Susana Wilma López analiza procesar a los siete detenidos por el presunto delito de «homicidio doblemente agravado», que contempla la pena de prisión perpetua.

La magistrada no prevé avanzar en la calificación de «asociación ilícita» paevitar planteamientos de inconstitucionalidad por parte de los abogados defensores. En cambio, estudia sindicar al principal sospechoso, Cristian Daniel «Harry» Favale, como presunto autor material del disparo que mató a Ferreyra, y a los otros seis apresados como presuntos coautores del crimen, cometido el 20 de octubre pasado en Barracas durante una manifestación de trabajadores tercerizados del ferrocarril Roca.

La calificación de homicidio doblemente agravado obedece a la sospecha de la jueza de que el crimen habría sido cometido con la participación de dos o más personas, por un lado, y a partir de una supuesta promesa de remuneración para los implicados. Esa imputación, además, le permitiría a la magistrada avanzar con una de las dos razones del agravamiento en caso de probarse que la otra no cuenta con el suficiente asidero.

En lo formal, López prorrogó hasta el martes de la semana que viene el secreto de sumario, pero en tribunales dieron por hecho que levantará antes la veda informativa para eludir reclamos de las defensas.

Además de Favale, permanecen apresados Pablo Díaz, jefe de los delegados del Roca; Gabriel «Payaso» Sánchez, un guarda y ex barra brava de Racing que fue descripto por el principal sospechoso como el presunto autor del disparo que mató a Ferreyra, y los ferroviarios Francisco Pipito, Jorge González, Juan Carlos Pérez y Guillermo Armando Uño.

De momento no habrá más detenciones y en cambio se abocarán a los resultados de las pericias más importantes, entre ellas el entrecruzamiento de llamados telefónicos. Los cruces más relevantes fueron los hechos sobre los teléfonos de Pablo Díaz, de ahí que esté latente una posible cita a indagatoria de Juan Carlos «Gallego» Fernández, jefe directo del delegado y número dos de José Pedraza en la conducción del sindicato Unión Ferroviaria.

La jueza y la fiscal Cristina Caamaño también deberán resolver esta semana respecto de los elementos secuestrados en un allanamiento que se concretó días atrás en las oficinas de la UGOFE.