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Prohibió Uruguay que directivos de Botnia declaren en juicio de Entre Ríos
Tabaré Vázquez
En medio de una nueva pulseada política por la titularidad de la UNASUR y con la pelea con los ambientalistas de Gualeguaychú que intentan bloquear en el verano toda la frontera con Uruguay, el rechazo de Vázquez sumó argumentos a las diferencias que hace más de dos años fracturaron la relación con el país vecino.
En los hechos, el presidente uruguayo rechazó los exhortos librados por el juez Guillermo Quadrini «por afectar la seguridad, el orden público y los intereses esenciales» de Uruguay, según la resolución aprobada el 9 de diciembre y divulgada ayer por la Presidencia.
«La cooperación solicitada afecta la seguridad del Estado uruguayo, en especial, en la zona fronteriza donde se han protagonizado incidentes que afortunadamente no han sido graves», agregó la resolución.
La decisión de Vázquez se basa en el Protocolo de Asistencia Jurídica Mutua del Mercosur. Allí se «dispone que el Estado requerido podrá denegar la asistencia cuando el cumplimiento de la solicitud sea contrario a la seguridad, el orden público u otros intereses esenciales».
«El deber del Estado uruguayo es adoptar una actitud preventiva en grado máximo» y que el exhorto judicial afecta «el orden público internacional» y «los intereses esenciales del país», tanto en el plano económico como en lo que concierne al derecho soberano del Estado de «disponer en su territorio, libremente y sin coacción», agrega la resolución presidencial.
Desde junio de 2006, la Justicia argentina envió a Montevideo exhortos solicitando información sobre la pastera y también para notificar a personas vinculadas a Botnia para declarar en el marco de una causa por tentativa de contaminación iniciada por Busti y su vice, Pedro Guastavino, hoy senador nacional por Entre Ríos.
Además del diferendo ambiental, la Argentina asegura que Uruguay violó el tratado bilateral que protege al río limítrofe al autorizar el emprendimiento sin consultarle, por lo cual inició una demanda ante la Corte Internacional de La Haya.
El Gobierno de Vázquez, por su parte, acusa a las autoridades argentinas de no intervenir para levantar el corte en el principal puente que une a ambas naciones y aduce un millonario daño económico por el bloqueo.

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